[dropcap]E[/dropcap]l desarrollo de una nación requiere que sus estamentos jurídicos e institucionales funcionen. La Asociación de Industrias de República Dominicana (AIRD) se caracteriza por el esfuerzo y los aportes constantes para que esto se haga una realidad en torno a todas las áreas de la vida de la nación y especialmente de aquellas que tienen que ver con la producción y el consumo.
El respeto a los marcos institucionales marca las estrategias y pautas de acción de la AIRD. La mejor manera de aportar al fortalecimiento institucional de un país es creyendo en sus instituciones, acudiendo a ellas, empoderándolas y respetando sus normas y procesos, pero también haciendo que las instituciones jueguen el rol que les corresponde de manera efectiva, sin dualidades, velando por el cumplimiento de la ley y de las normas de protección al consumidor en todas las empresas, ya sean grandes, medianas o pequeñas, industriales o importadoras.
Un ejemplo de este marco institucional es el relativo a los derechos de los consumidores y usuarios. ProConsumidor está llamada a velar por el cumplimiento de los mismos y vigila el cumplimiento de las normas y prácticas de mercado que hagan posible que estos derechos vayan más allá de un pedazo de papel.
En ocasiones, parecen existir contradicciones entre instituciones estatales, conduciendo a parálisis al tratar de delimitar las competencias –en el mejor de los casos- o por posibles protagonismos de uno que otro funcionario. Sin embargo, para la AIRD no se trata de dilucidar quién es el protagonista para hacer lo que debe hacerse en favor de la producción de bienes de calidad y en defensa del consumidor. Es necesario que haya una constante coordinación entre quienes actúan en torno a las reglas que se deben cumplir frente al consumidor y frente a los productores.
En el caso de los derechos de los consumidores, los industriales asumen que es parte de sus obligaciones el ser competitivos y respetuosos de las leyes y las normas. En ocasiones, se va más allá de lo establecido, asumiendo estándares y certificaciones internacionales, garantizando la más alta confiabilidad y calidad posible, trátese del producto de que se trate.
Sin embargo, debe entenderse que no se trata solo de derechos fundamentales que las empresas están en la obligación de respetar y cumplir, sino que además constituyen conductas que deben ser fortalecidas y asumidas de manera igualitaria por todos los proveedores para garantizar una competencia sana y leal.
Entre esas conductas a fortalecer se encuentran la de ofrecer bienes y servicios que cumplan con todas las normas legales relativas a la salud y a la seguridad del consumidor, entregar información fidedigna respecto de contenido, uso seguro, almacenamiento y descarte de los productos y abstenernos de incurrir en afirmaciones, omisiones o prácticas engañosas, fraudulentas, desleales o que no correspondan a la realidad.
Además, los proveedores de bienes y servicios estamos llamados a respetar la privacidad del consumidor y proteger la información de tipo personal, colaborar plenamente con las autoridades en la prevención o eliminación de cualquier peligro para la salud y la seguridad públicas que se derive del uso de los bienes que producimos, entre otros.
El marco institucional se fortalece cuando ProConsumidor busca comprender la dinámica del mercado como totalidad y de determinados productos en particular. Así, por ejemplo, el sector pecuario e industrial han manifestado preocupación en torno a la distribución de leche a granel. Es una práctica comercial que conlleva un alto riesgo para la salud de los consumidores.
Las consecuencias de un producto no apto para el consumo humano, sin control alguno, y que se distribuye en miles de puntos en la geografía dominicana, debe contar con un alto.
La AIRD ha brindado su apoyo a la labor de ProConsumidor para reducir tan detestable práctica, violatoria de los derechos de los consumidores a los que ya se ha aludido.
Otro ejemplo de práctica en que se pone en riesgo la salud de los consumidores y en que no se coloca en pie de igualdad a la industria nacional y a los productos industrializados importados, es la de la resistencia a que los productos (alimentos y bebidas) que se comercializan en el país lleven el etiquetado en español. Etiquetar en español es respeto al consumidor, es colocar en igualdad de condiciones –ante la Ley- a la producción nacional y a productos extranjeros.
Los industriales sólo piden que se apliquen las normas y las leyes, no más, no menos. Se hacen esfuerzos, pero es necesario hacer más. La comercialización de productos y servicios en violación a las normas existentes deben enfrentarse con la sanción permanente por parte de ProConsumidor y otras instituciones estatales, pues solo así los consumidores y usuarios se sabrán protegidos, apoyarán con firmeza las acciones contra los abusos al consumidor y los proveedores asumirán un mayor compromiso.
Es posible seguir avanzando en el desarrollo institucional, en el cumplimiento de las leyes. El avanzar hacia una cultura de “consumo responsable” y respetuosa de derechos y deberes, beneficia tanto a los industriales dominicanos como a los consumidores y a las arcas estatales.
Como país, República Dominicana cuenta con las disposiciones jurídicas necesarias para proteger la salud de los consumidores. Las previsiones de esta ley tienen carácter de orden público, es decir, que al estar destinadas a preservar el interés general de la sociedad, su cumplimiento es imperativo y no pueden ser derogadas por convenciones entre particulares.
Los productos y servicios deben ser suministrados o prestados en forma tal que, consumidos o utilizados en condiciones normales o previsibles, no presenten peligro o nocividad ni riesgos imprevistos para la salud y la seguridad del consumidor o usuario. Los riesgos previsibles, usuales o reglamentariamente admitidos, deberán ser previamente puestos en conocimiento de los consumidores y usuarios a través de instructivos o señales de advertencias fácilmente perceptibles o por cualquier otro medio apropiado para garantizar la seguridad del consumo del producto o uso del servicio.
Desde la ética
La Asociación de Industrias, desde su fundación, ha asumido la responsabilidad de apoyar cambios, transformaciones, que impliquen que nuestro modelo de desarrollo se haga cada vez más sostenible, que impulsen una sociedad más justa y equitativa. En el Código de Ética que presentó la institución en 2010 expresó que es clave empezar por el ejemplo.
El actuar con ética no es una exigencia sólo a los gobiernos o instituciones sociales, sino que no es posible el desarrollo de un país si los sectores productivos se arrodillan ante actitudes, pautas y comportamientos no éticos.
En ese sentido, las negociaciones con proveedores y compradores, las nuevas inversiones, la decisión de un nuevo producto o servicio, la promoción y la publicidad, así como las relaciones con los consumidores, con la comunidad, con el comercio, con el Gobierno… deben hacerse en un ambiente de responsabilidad ética, al igual que las mejores prácticas comerciales.
Frente a los consumidores, el Código de Ética Industrial asume el desarrollo de procesos, programas, auditorías de fabricación, etc., con el fin de anticipar y promover estándares de calidad y producción acordes a las normas internacionales de calidad y a la Ley de Protección al Consumidor.
Un comportamiento apegado a las mejores prácticas comerciales, tiene retornos positivos en lo financiero, en lo social y en la satisfacción de los que componemos las empresas. Es además, una forma de dar estabilidad a la empresa y de contribuir con el bienestar del país.
