Los ministerios de la Presidencia y Hacienda, la Unidad de Análisis Financiero de República Dominicana y el Centro de Capacitación en Política y Gestión Fiscal (CAPGEFI), iniciarán este lunes un programa de formación dirigido a los sujetos obligados de la Ley 155-17 contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.
El propósito de la capacitación es facilitar conocimientos y herramientas a las personas físicas o jurídicas a quienes la Ley 155-17 asigna la responsabilidad de prevenir, detectar, evaluar y mitigar el riesgo del lavado de activos y la financiación del terrorismo en República Dominicana.
Para el primer entrenamiento, que se ofrecerá desde las 8 de la mañana en el CAPGEFI, han sido convocados 100 representantes de las asociaciones cooperativas de ahorro y crédito.
Las capacitaciones continuarán el martes con las compañías de seguros y reaseguros, otro sector incluido dentro de la lista de sujetos que están obligados a diseñar y poner en funcionamiento un programa de prevención, cumplimiento y administración de riesgos en la materia.
También recibirán el entrenamiento: los dealers de vehículos, casinos y juegos de azar, establecimientos de venta de armas de fuego, casas de empeño, agentes inmobiliarios y constructoras, bancos de ahorros y créditos, fiduciarias, factoring, abogados, notarios y profesionales jurídicos.
La formación será impartida por Claudia Álvarez-Troncoso, abogada, especialista y consultora en el área de Anti-Lavado de Activos/Financiamiento al Terrorismo y Cumplimiento Regulatorio (LD/FT) y Roberto de Jesús Mella Cohn, economista con especialidad en Finanzas Corporativas, consultor tributario y especialista en capacitación, consultoría y auditoría aplicada al cumplimiento y administración del riesgo LD/FT.
Promulgada recientemente por el presidente Danilo Medina, la Ley 155-17 contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo alineó la normativa local con 40 nuevas recomendaciones del Grupo Acción Financiera Internacional (GAFI), que monitorea los comportamientos de la delincuencia organizada en materia de lavado de activos con miras a dar respuestas a esta compleja actividad delictiva transnacional. La nueva legislación dominicana sustituye y deroga la Ley 72-02, sobre el lavado de activos proveniente del tráfico ilícito de drogas, del 7 de junio de 2002.
