La supervisión de los sujetos obligados no financieros enfrenta una brecha entre el amplio universo de entidades que debe vigilar y la capacidad institucional disponible para hacerlo, según Roberto Mella Cohn, socio fundador de Risk Management and Compliance Consulting.
Durante una entrevista con elDinero en el XXIX Congreso Internacional de Finanzas y Auditoría (CIFA) y el XXIV Seminario Latinoamericano de Contadores y Auditores (Selatca), Mella Cohn señaló que la dificultad no necesariamente responde a una falta de voluntad de las autoridades, sino al tamaño del universo supervisado frente a una estructura institucional limitada.
Al 30 de junio de 2025, la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) tenía publicadas 44,343 entidades registradas como sujetos obligados no financieros. Sectores como el inmobiliario, abogados y “dealers” de vehículos concentraban aproximadamente el 78% de ese universo.
En contraste, en la publicación de sanciones del 11 de noviembre de 2025 aparecían 46 multas, todas correspondientes a esos tres sectores. Cerca del 85% eran por infracciones leves, principalmente relacionadas con la falta de remisión de reportería estadística.
Para Mella Cohn, estos datos reflejan la dificultad de ejercer una supervisión efectiva sobre un universo tan amplio. “Es como querer controlar el tránsito de toda la ciudad con dos agentes de Digesett y sin semáforos funcionando”, planteó.
El especialista entiende que una respuesta efectiva requiere fortalecer la estructura de supervisión y cambiar el enfoque hacia inspecciones seleccionadas a partir del nivel de riesgo de cada entidad.
En ese sentido, propuso utilizar información como las ventas, las operaciones registradas, las importaciones, los casos vinculados y otros datos disponibles para determinar cuáles sujetos obligados requieren una mayor vigilancia.
La automatización también ocupa un lugar central en su propuesta. Mella Cohn señaló que la DGII ya ha desarrollado herramientas para ampliar su capacidad de control, entre ellas la Oficina Virtual, los cruces de comprobantes fiscales y la facturación electrónica.
A su juicio, esos avances tecnológicos pueden trasladarse a la prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo (PLA/FT), mediante un mayor intercambio y procesamiento automatizado de información.
“La misma transformación digital debe llevarse a la supervisión en materia de PLA/FT”, sostuvo.
El planteamiento adquiere relevancia debido a que los sujetos obligados no financieros deben aplicar medidas para identificar y gestionar riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, además de reportar operaciones sospechosas conforme a sus obligaciones regulatorias.
Para Mella Cohn, el reto no consiste simplemente en aumentar el número de inspecciones, sino en lograr que los recursos de supervisión se concentren en las entidades, operaciones y actividades que presenten mayores señales de riesgo.
De esta manera, la supervisión basada en información permitiría ampliar el alcance del control sin depender exclusivamente de una mayor cantidad de recursos humanos para revisar un universo cada vez más amplio.
