En el ámbito de la gestión de riesgos y la prevención de lavado de activos y financiamiento del terrorismo (PLAFT), la identificación de Personas Expuestas Políticamente (PEP) y sus vinculados es de vital importancia. La correcta identificación y monitoreo de estas personas son cruciales para prevenir y mitigar los riesgos asociados a actividades ilícitas.
En este contexto, proponemos y promovemos que el Comité Nacional Contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Conclafit) asuma un rol protagónico en la generación y actualización del listado de PEP y sus vinculados.
Los PEP, debido a su posición e influencia, presentan un mayor riesgo de involucrarse en actividades de corrupción y lavado de activos. Por ello, la identificación precisa y oportuna de estas personas y sus vinculados es esencial para los sujetos obligados, especialmente en el sector financiero, que ha liderado y madurado la gestión PLAFT en el país.
Asimismo, la Ley 155-17 sobre el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo es un marco legal robusto, pero su efectividad, escalamiento y alcance depende en gran medida de la colaboración interinstitucional y el acceso a información precisa y actualizada.
Con esta propuesta, promovemos que el Conclafit, como órgano encargado del funcionamiento y coordinación eficiente del sistema PLAFT, asuma la responsabilidad de coordinar y consolidar la información sobre las PEP, apoyándose en la Unidad de Análisis Financiero (UAF), como Secretaría del Comité, debería ser instruida para liderar este esfuerzo, siendo quien coordine con la Junta Central Electoral (JCE) y la Cámara de Cuentas, que son las fuentes principales de información sobre PEP.
Funciones de las Entidades claves en nuestra propuesta: La UAF: como entidad responsable de recibir y analizar información para prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. La UAF, actualmente bajo la sombrilla del Ministerio de Hacienda, debe liderar el proceso de identificación y actualización del listado PEP. Su experiencia y capacidad analítica la posicionan como la entidad idónea para coordinar esfuerzos y asegurar que el listado de PEP sea exhaustivo, idóneo y con la debida oportunidad.
La JCE: como encargada de la organización de elecciones y el registro de candidatos y cargos electos, es fuente primaria de información sobre personas que, al asumir cargos públicos, se convierten en PEP. Su participación en la actualización del listado es fundamental para asegurar que los Sujetos Obligados tengan acceso a información actualizada y precisa sobre los nuevos cargos electos.
Cámara de Cuentas: en su rol de fiscalización y control de los recursos públicos, este órgano extrapoder posee información valiosa sobre funcionarios y personas en posiciones clave que pueden ser consideradas PEP. Su colaboración es esencial para garantizar que el listado refleje con precisión a todas las personas que, por su cargo, influencia o vinculación, representan el riesgo potencial que se mitiga a través de un buen listado PEP.
Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (Digeig: como velador para garantizar que en la documentación del proceso a seguir se consideren todas las mejoras en prácticas internacionales de gestión de la transparencia y el conflicto de intereses.
La colaboración entre la UAF, la Cámara de Cuentas, la JCE y la Digeig no solo apoya a los sujetos obligados, sino que también refuerza el compromiso de República Dominicana con las buenas prácticas internacionales en la lucha contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo y, de manera transversal, también apoya la institucionalidad y la economía local.
El sector financiero, como líder tradicional en la gestión PLAFT, se beneficiará enormemente de que las autoridades asuman la responsabilidad de actualizar este listado, garantizando su precisión e integralidad. Esto no solo facilita el cumplimiento de la Ley 155-17, sino que también fortalece su capacidad para identificar y mitigar riesgos asociados a actividades ilícitas.
Idea Resumen: La identificación de PEP y sus vinculados es una responsabilidad que debe ser compartida y coordinada entre Conflafit a través de la UAF, la Cámara de Cuentas, la JCE y la Digeig.
Esta colaboración no solo apoya a los sujetos obligados en el cumplimiento de sus deberes ante las PEP, sino que también fortalece el marco legal establecido por la Ley 155-17 y alinea al país con las mejores prácticas internacionales.
