Descubrimos y estudiamos el concepto de infraestructura de la calidad (IC) en 2009 cuando, desde la antigua Digenor, establecimos relaciones de cooperación con el Instituto de Metrología de Alemania (PTB), el primer instituto de metrología del mundo. A través de esta prestigiosa entidad, conocimos el libro del consultor Clemens Sanetra “Enfrentando el Desafío Global de la Calidad: Una Infraestructura Nacional de la Calidad” (2009), un compendio explicativo del sistema que publicamos y difundimos junto a la Unviersidad Intec.
Digenor aprobaba normas y reglamentos técnicos y al mismo tiempo exigía su cumplimiento a los actores del mercado. Era normalizador, instituto nacional de metrología, certificador oficial sin las competencias técnicas exigidas y garante en el ámbito de las mediciones reglamentarias (metrología legal), fungiendo además como regulador por excelencia del Estado. Estas funciones de juez y parte eran ejercidas en las condiciones más precarias imaginables. La realidad es que no existía ningún compromiso político con la calidad ni tampoco los medios para garantizarla con un mínimo de decencia.
Luego de una intensa actividad de difusión del concepto de la IC y con seminarios, foros regionales, encuentros con los stakeholders clave y discusiones de alto nivel técnico en el Congreso Nacional, fue finalmente aprobada la Ley 166-12 que crea el Sistema Dominicano para la Calidad (Sidocal).
El concepto
La IC comprende, en nuestro caso, tres instituciones: el Consejo Dominicano para la Calidad (Codoca), el Instituto Dominicano para la Calidad (Indocal) y el Organismo Dominicano de Acreditación (Odac). Además de estas instancias, teóricamente técnicas, el sistema comprende procedimientos “para codificar, analizar, normalizar, medir y evaluar diferentes aspectos de un producto o proceso productivo”, destacándose la metrología, la normalización, la reglamentación técnica, la evaluación de la conformidad y la acreditación, “además de las tecnologías de gestión y control de la calidad” (CEPAL, 2014).
Todos estos compartimientos funcionales, actuando en interrelación dinámica permanente y desarrollando las capacidades técnicas consabidas, deciden en última instancia procesos tan importantes para el desarrollo de un país como la innovación, la calidad y confiabilidad de los experimentos y ensayos en las investigaciones, el desarrollo o asimilación de nuevas tecnologías, la confiabilidad de las mediciones, mayor compatibilidad operativa entre productos y reproducibilidad de sus características, la confianza de las pruebas, el cumplimiento de las promesas a los consumidores y usuarios, y la viabilidad de los acuerdos de equivalencia y reconocimiento mutuo en el comercio internacional.
Avances y pendientes
Desde la conformación del Sidocal en 2012, se han logrado algunos avances significativos en materia de normalización, metrología y certificaciones (Calidad: algunos avances y caminos por recorrer, 7 de enero de 2024).
Sin embargo, los frutos del proceso evolutivo en más de una década del sistema no han logrado que su relevancia técnica como soporte fundamental del sector productivo sea cabalmente comprendida. Por tanto, sigue siendo urgente una mirada estratégica con una visión de mediano y largo plazo. Esta debe evidenciar los requerimientos prioritarios del sistema, así como las demandas de inversión pública necesarias partiendo de la actual matriz productiva.
Grandes retos
El punto de partida, o la línea base del análisis, debe partir de una serie de hechos que pueden ser establecidos por cualquier medio, a saber:
Desconocimiento del Sidocal: las organizaciones representativas del sector productivo nacional deben conocer el funcionamiento y utilidad de la IC para hacer más eficientes y competitivos los procesos productivos. Actualmente, es evidente una falta crítica de difusión y articulación sectorial de la IC. Estamos lejos de lograr que se reconozca ampliamente la infraestructura de calidad como un bien público, tal y como se consignó en la ley, así como “un factor habilitante para la competitividad”.
Certificación en normas técnicas: menos del 10% de las empresas industriales o de servicios están certificadas en normas técnicas. La mayoría trabaja sin relación con normas o reglamentos vigentes.
Metrología legal e industrial: la función de verificación de los instrumentos de medición, que consiste en comprobar que el valor indicado esté en la tolerancia permitida en un reglamento técnico, carece de una infraestructura técnica, preferiblemente móvil en el caso local, y acusa serias deficiencias en lo relativo a la trazabilidad de sus patrones de trabajo.
En cuanto a la metrología industrial, referida a las calibraciones con trazabilidad de los equipos e instrumentos de medición, puede afirmarse que entre el 60 y el 70% de las empresas no calibran sus equipos e instrumentos de medición para proceder con las correcciones necesarias y establecer la incertidumbre de medición correspondiente. Un ámbito crítico es el de los alimentos saludables, que demanda el desarrollo de las capacidades nacionales en metrología química.
Desarrollo de capacidades de medición y calibración: en consonancia con lo anterior, es necesario avanzar en la complejidad de las capacidades actuales de la metrología para asegurar la calidad de los productos y enfrentar los desafíos provenientes de la diversificación del comercio exterior dominicano, así como de los retos normativos y reglamentarios de los mercados destino.
La agenda de desarrollo que comienza a gestarse en el segundo mandato del presidente Abinader se apoya en una transformación progresiva del sector productivo nacional, objetivo que parece inalcanzable sin el fortalecimiento de las capacidades de medición y calibración del país.
Vínculos con la investigación científica: es crucial iniciar y fortalecer los vínculos entre las operaciones metrológicas con trazabilidad y las actividades de investigación científica y aplicada: la ciencia comienza con las mediciones.
Normalización: ante la configuración de la agenda económica del presidente Abinader, debe esperarse que las empresas y organizaciones avancen hacia sistemas de gestión de calidad eficientes y pasibles de ser reconocidos por cualquier socio, sin importar su ubicación. Por tanto, la creación, difusión, adaptación y adopción de normas nacionales e internacionales requiere un mayor involucramiento empresarial, celeridad y pertinencia práctica desde el punto de vista de las funciones productivas y los mercados.
Acreditaciones: el número de acreditaciones otorgadas por el ODAC es muy bajo, y el ritmo de apropiación de las capacidades técnicas, acuerdos y reconocimientos es lento. No debemos perder de vista que las acreditaciones de laboratorios de ensayo y calibración están en función del tamaño de la economía y del potencial de su crecimiento.
Financiamiento insuficiente: obstaculiza el posicionamiento efectivo de la IC en el tejido empresarial dominicano. El financiamiento actual del Indocal es insuficiente y predominantemente destinado a gastos administrativos, componiendo una ínfima parte de las transferencias gubernamentales al sector privado.
Conclusión
República Dominicana cuenta con un Sidocal institucionalmente robusto, un cuerpo jurídico esencialmente técnico con un enorme potencial transformador. Sin embargo, la falta de una coordinación adecuada basada en una visión a largo plazo que clarifique las tareas, financiamiento y roles de cada participante es un desafío pendiente.
La formulación de una política de calidad por sí sola no es suficiente; es esencial que esta política integre las capacidades y competencias técnicas necesarias para impulsar deliberadamente las industrias con mayores retornos y ventajas comparativas, o que necesiten apoyo para alcanzar competitividad sin recurrir a barreras comerciales o prácticas proteccionistas.
En este contexto, un funcionamiento coordinado y proactivo de la infraestructura de calidad no solo aumenta los retornos de la innovación, sino que también reduce los problemas de comunicación intraindustrial, fomentando la formación de clústeres. Así, una política nacional de calidad bien diseñada puede ser un incentivo significativo para la innovación (BID, 2016).
