“Los cuerpos reguladores de los ministerios tienen que definir reglamentos técnicos y supervisar su aplicación. Pueden ser apoyados en esas funciones al utilizar la infraestructura nacional de la calidad”.- Clemens Sanetra, consultor PTB.
En una reciente entrevista que me hizo el buen amigo Esteban Delgado en el conocido programa “El Gobierno de la Tarde” de la Z 101.3, me preguntaron sobre la diferencia entre la antigua Dirección General de Normas y Sistemas de Calidad (Digenor) y el Instituto Dominicano para la Calidad (Indocal).
En general, tengo la impresión de que todavía no se comprenden los significados técnicos y la relevancia económica y social del nuevo sistema. Esta afirmación es válida para muchos empresarios, funcionarios y la mayoría de los ciudadanos.
El Indocal no es un regulador, no se dedica a inspeccionar si se cumplen las normas o los reglamentos técnicos, ni tiene la facultad de imponer multas o cerrar establecimientos comerciales o productivos que no cumplan con los requisitos normativos o reglamentarios correspondientes. Como mencionamos en esa entrevista, el Indocal no es un instituto punitivo, persecutor o regulador en el sentido anglosajón de ese término.
El Sistema Dominicano para la Calidad (Sidocal) es un sistema de servicios técnicos de apoyo a empresas y productores agrícolas, pequeñas y medianas empresas, comercio interno y externo, reguladores, que pueden confiar en esta infraestructura y evitar así la duplicación de facilidades y servicios, comunidad científica y académica, y empresas energéticas, financieras y aseguradoras, entre otros actores que forman parte de los grupos objetivo del sistema.
¿Cuáles son los servicios técnicos que están o deberían estar al servicio de todos estos actores? La oferta incluye normas técnicas que deben ser producto del consenso y basarse en el conocimiento científico y la experiencia de expertos; calibraciones de equipos y verificaciones de las mediciones en áreas importantes de la actividad nacional, como la venta de combustibles, alimentos y otros productos; certificaciones que avalan el cumplimiento de requisitos en materia de seguridad, calidad, higiene, inocuidad, eficiencia, compatibilidad ambiental, operatividad y mediciones; análisis y ensayos de laboratorios acreditados; acreditaciones que certifican la competencia técnica de los organismos especializados en pruebas y ensayos, calibraciones y certificaciones de productos, procesos, sistemas y personas; por último, los mencionados institutos también ofrecen servicios de capacitación en las materias de su competencia.
Todos estos ámbitos de trabajo requieren competencia técnica adecuada y sostenida, certeza en la confiabilidad de los resultados de la evaluación de conformidad, y competencias avaladas por acreditaciones que sigan las guías y recomendaciones pertinentes emitidas por entidades internacionales de normalización.
Entonces, ¿quién se encarga de asegurar el cumplimiento de normas, reglamentos y mediciones correctas en la economía y la sociedad? Los reguladores del Estado. ¿Quiénes son los protagonistas entre ellos? Por un lado, los ministerios, en primer lugar, Salud Pública, Industria y Comercio, Obras Públicas, Agricultura y Medio Ambiente; por otro lado, ProConsumidor, entidad a la que, mediante la Ley núm. 166-12, se le otorgan estas atribuciones en los siguientes términos (Capítulo II, Artículo 109): se reconoce a Pro Consumidor como autoridad nacional reguladora o de inspección y, en tal virtud, se establece que podrá realizar todas las actividades de confirmación necesarias para determinar si se cumplen los reglamentos técnicos y otras disposiciones oficiales, en relación con: 1) la calidad de los bienes y servicios; 2) la inocuidad y seguridad alimentaria; 3) el cumplimiento de normas y reglamentos técnicos en materia de seguridad de las instalaciones, sistemas y procesos; 4) la existencia de las certificaciones o marcas de conformidad emitidas por el Indocal para los fines correspondientes.
En resumen, el Indocal realiza el trabajo técnico y los reguladores se aseguran de que se cumplan los reglamentos técnicos y otras disposiciones gubernamentales. Los sellos o certificados de conformidad son evidencia del cumplimiento y los reguladores deben exigir a los actores del mercado que pasen la prueba para obtenerlos.
