El Estado, el gobierno y las alcaldías violan permanentemente la Ley 63-17, y ahora emiten el Decreto 420-23 para seguir archivando acciones que benefician solo a algunos sectores, manteniendo el desorden en nuestras calles convertidas en escenarios de muertes, lesiones, peleas y atropellos constantes debido a la circulación de más de 3 millones de motocicletas y 2 millones de vehículos de dos o más ejes, sin reglas, autoridad ni consecuencias.
Cada año seguimos sumando muertos y heridos, lo que nos convierte en la nación más peligrosa, con cifras de más de 25 por cada 100 mil personas muertas, y los 30 mil que cada año quedan discapacitados por accidentes, con un costo de unos 80 mil millones del presupuesto nacional. Esto agrava el círculo de pobreza del país, que afecta de manera significativa a la población más humilde, razón por la cual a nuestros líderes de los sectores de poder no les importan las consecuencias.
El Decreto 420-23 más bien parece tener la intención de recaudar fondos y complicar la situación de los ciudadanos al regular y burocratizar aún más el registro de vehículos, lo cual no aborda el problema fundamental que tenemos en la circulación de vehículos en nuestras calles. Incluso, el artículo 5 del decreto no exige la presentación del seguro del vehículo a registrar, cuando el artículo 161 de la Ley 63-17 lo especifica junto con la RTV, a pesar de que los problemas más graves son la falta de indemnización por no tener respaldo económico.
Necesitamos acciones más concretas que reduzcan el insoportable desorden en nuestras vías. El Estado es responsable de la seguridad de los ciudadanos, y no estamos haciendo nada para garantizarla, a pesar de que cinco Ministerios componen el consejo de administración del INTRANT, el organismo regulador y responsable de aplicar la Ley 63-17 que lleva más de 5 años en vigencia sin lograr reducir los niveles catastróficos de los accidentes de tránsito.
Si aplicaran adecuadamente la ley, el decreto no sería necesario, y no es cierto que su correcta aplicación impactaría en el problema fundamental que afecta a la sociedad, y que tiene un impacto económico en nuestro turismo y nuestra imagen ante el mundo. Nuestras autoridades son cobardes o irresponsables al no tomar medidas concretas para enfrentar el peor de los males que enfrentamos. Y me apena que este tema esté ausente en las agendas de los partidos y los líderes que aspiran a dirigir los destinos del país.
Educando a la sociedad sobre el respeto a la ley de tránsito, lograremos muchas cosas positivas. Reduciremos la violencia, el estrés en nuestras calles, los costos para las familias y el Estado, y sobre todo, las pérdidas de vidas. Tener conductores más educados y respetuosos de los derechos de los demás acelerará el desarrollo y la calidad de vida de los dominicanos. Con esta acción, podemos avanzar hacia un nivel de conciencia necesario para mantener la paz y el bienestar. Eso si, necesitamos consecuencia para los violadores.
