“Si es bueno vivir, todavía es mejor soñar, y lo mejor de todo, despertar”.
Antonio Machado.
Desde el anuncio de la promulgación de la Ley núm. 166-12 que crea el Sistema Dominicano para la Calidad transcurrieron imperceptiblemente nueve años. Entender este sistema, cómo funciona, cuál es la cadena de eventos técnicos que encierra y su relación con los reguladores- cuando realmente existen-lamentablemente no está al alcance de la mayoría de las personas ni del mar de micro, pequeñas y medianas empresas.
Nos atrevemos a decir que el 70% o más de las empresas que componen el tejido industrial dominicano no conocen el Instituto Dominicano para la Calidad (Indocal). Lo que es peor: las que tienen noticias de este instituto no saben realmente lo que hace. ¿Para qué pagan sus gastos (predominantemente corrientes y creciendo) los contribuyentes?
Lamentablemente la politiquería viene acampando, como en muchos otros organismos del Estado, en el Sidocal. En las administraciones pasadas el Indocal. La lógica primaria y los principios y fines que rigen la nueva institucionalidad poco o nada cuentan.
En cuanto al Consejo Dominicano para la Calidad, que debería fungir como instancia rectora y orientadora del desarrollo del sistema, hasta llegó a prestarse para organizar y difundir un concurso de elección de las autoridades de los dos institutos que todos sabemos fue la “crónica de una muerte anunciada”, en el único sentido posible que tiene el título de una de las novelas del gran García Márquez: todos conocíamos los resultados antes de anunciarlos.
El daño del clientelismo a los organismos técnicos del Estado no solo se manifiesta en actos de corrupción, digamos de “menor cuantía” por los reducidos presupuestos que regularmente gestionan, sino por el irrespeto al conocimiento y la formación técnica que representan cientos de servidores meritorios del Estado.
La triste realidad es que la lógica de la premiación clientelista no respeta los cuadros técnicos y seguramente hoy está tan desbordada en sus desconsideraciones al talento humano como antes de llegar el tan anunciado y deseado cambio de la cultura política. A nuestro entender, un cambio para bien de la sociedad dominicana debe tocar precisamente esa cultura. Ella sigue echando raíces, muy profundas, por cierto.
Lo cierto es que el Indocal no es un instituto punitivo, no persigue a nadie, simplemente debería ofrecer servicios técnicos de normalización técnica; de aseguramiento de las mediciones confiables en todo el territorio nacional; de certificaciones cuando desarrolla las consabidas competencias en las distintas áreas; de asistencia a los ministerios en materia de reglamentación y, por último, de formación técnica para contribuir con la difusión de una cultura para la calidad en el país.
Lo que no se entiende es que son los reguladores ministeriales y Pro-Consumidor quienes deben exigir las constancias del cumplimiento de normas, cuando son consideradas de interés público; de reglamentos técnicos que conciernen a los objetivos legítimos del Estado y son obligatorios, y de otras disposiciones normativas que tienen que ver con la seguridad, la salud animal y vegetal, las prácticas engañosas y el medio ambiente.
Por ejemplo, el Indocal no puede obligar a las llamadas “bombas de gasolina” a poner en sus dispensadores un sello de conformidad con las tolerancias permitidas en materia de metrología legal o reglamentaria. Deberían ser Pro-Consumidor, que ahora tiende a convertirse lamentablemente en un lamentable controlador de precios, o los ministerios de salud, comercio interno y obras públicas, por ejemplo.
Si los reguladores hicieran su trabajo, los agentes del mercado correrían a solicitar los servicios del Indocal en materia de garantía de confiabilidad de las mediciones o de certificaciones en cualquier ámbito normativo o reglamentario.
La realidad es que pocos saben qué buscaba la liquidación de la antigua Digenor.
