[dropcap]P[/dropcap]rimero la alcaldía de Santiago, que encabeza Abel Martínez Durán, se querelló ante la Procuraduría Especializada en Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) contra la Corporación de Acueductos y Alcantarillados de la localidad (Coraasan) y su director, Silvio Durán Rodríguez, por la alegada retención irregular de arbitrios que al pasado 11 de mayo totalizaban RD$133.8 millones.
Luego, la Coraasan presentó una demanda contra el Ayuntamiento por una supuesta deuda de RD$185 millones por concepto de uso de agua potable desde 1999. Los dos funcionarios vienen ventilando el diferendo en público.
En fin, se trata de dos funcionarios, ambos del oficialista Partido de la Liberación Dominicana (PLD), enfrentados en una disputa que evidencia falta de institucionalidad.
Primero, la Coraasan debe entregar al cabildo los fondos de los arbitrios que corresponde cobrar al Ayuntamiento y, segundo, el gobierno municipal debe ser el primero en pagar todos sus servicios para poder exigir lo mismo a los ciudadanos.
No creemos que haya que abrir litis judiciales, con servicios legales costosos, para un conflicto que debe resolverse en la mesa de diálogo y con el apego a la institucionalidad; a menos que los funcionarios peledeístas anden buscando nuevos temas de conflictos para distraer la atención de un país en el que, sobre todo la clase media, parece estar concentrada en la Marcha Verde que persigue el fin de la impunidad.
