El Banco Central (BC) y la Asociación de Bancos Comerciales (ABA) se reunieron para analizar el alcance de la Ley 155-17 contra el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo y su incidencia en el sistema financiero nacional.
En un encuentro sostenido en la sede del BC, presidido por el gobernador de esta institución, Héctor Valdez Albizu, los ejecutivos de la ABA y funcionarios del BCRD intercambiaron impresiones sobre esta nueva ley que cumple con las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) y las mejores recomendaciones internacionales, los nuevos conceptos que introduce y los requisitos de debida diligencia que impone a las instituciones financieras.
“Esta nueva ley contra el lavado de activos, que pone a la normativa local a tono con los estándares internacionales establecidos por el Gafilat, debemos aprovecharla para seguir protegiendo al sistema financiero, evitando el blanqueo de capitales ilícitos y el financiamiento del terrorismo”, dijo Valdez Albizu.
La ABA resaltó el impacto que la nueva ley tendrá en los nuevos sujetos obligados financieros y no financieros, que deberán contar con programas de cumplimiento y de debida diligencia.
Los banqueros sugirieron que tan pronto se apruebe el reglamento de la nueva ley, con las modulaciones en los deberes de debida diligencia que la propia norma autoriza, se pueda entrenar debidamente a los oficiales de cumplimiento de los bancos.
La ABA propuso la creación y difusión de una campaña de información y concienciación de la nueva ley de lavado de activos, de manera que toda la población, y en especial los nuevos sujetos obligados, conozcan sus detalles, mandatos y penalidades.
Por otra parte, los ejecutivos de la ABA señalaron que la Ley de notarios ha incrementado excesivamente las tarifas para la legalización de documentos relacionados con préstamos hipotecarios y ha hecho más complejo los procesos, en perjuicio de los clientes.
Sobre el tema de los notarios, la consultora jurídica del BC, Olga Morel de Reyes, explicó que cuando se trate de legalizaciones de firmas, la nueva Ley del Notariado prevé que las partes arriben a un acuerdo sobre el pago. Dijo que la tarifa prevista por la ley únicamente se aplica para los actos que instrumenten los notarios.
De su lado, el gobernador Valdez Albizu informó que ya está en fase de elaboración el reglamento de aplicación de la nueva ley de lavado de activos y que entiende que la Presidencia de la República lo socializará con todos los sectores destinatarios de la ley, a fin de recibir observaciones.
Igualmente, ofreció la colaboración del BC para proponer modificaciones a la Ley del Notariado así como para la campaña educativa sobre la Ley contra el lavado de activos.
Por su parte, el asesor ejecutivo de la Gobernación, Ricardo Rojas León, explicó los alcances de algunas de las disposiciones y normas de la nueva ley, así como detalles del proceso de discusión y aprobación congresual de la ley.
En la reunión participaron, por la ABA, José Manuel López Valdez, Luis Molina Achécar, Máximo Vidal, Ramón Marcelino, Mark Silverman, José De Moya y Fausto Pimentel.
Por el BC, estuvieron presentes la vicegobernadora, Clarissa de la Rocha de Torres, el gerente, Ervin Novas, el contralor, José Manuel Taveras Lay, el asesor ejecutivo, Ricardo Rojas León, la consultora jurídica, Olga Morel de Reyes y el director de regulación y estabilidad financiera, Ramón Rosario.
