Las expectativas del sector energético mundial están enfocadas en la posibilidad de que a partir del año 2016 Estados Unidos inicie la exportación masiva de gas natural, combustible ideal para la producción de energía eléctrica.
República Dominicana, como otros países de la región, ha promovido inversiones en la instalación de terminales de gas natural. Aquí existe la terminal de AES en Caucedo, que opera como un monopolio, toda vez que no existe otra terminal igual en el país. Recientemente, un consorcio empresarial, entre cuyos accionistas están Juan Bautista Vicini, Rolando González Bunster, Carlos José Martí y Arturo Santana, decidió hacer una extraordinaria inversión para la instalación de una terminal de gas natural en San Pedro de Macorís que facilitará la conversión a ese combustible, más barato y no dependiente del petróleo, de al menos 950 megavatios que entrarían al sistema y abaratarían los costos de la energía.
Pero el mercado del gas natural es complicado. Los suplidores de este combustible, a la hora de contratar su venta, le exigen al comprador no sólo la capacidad instalada para recibir el producto, sino también la garantía de que esa compra será constante, lo cual sólo se demuestra cuando se presentan evidencias del uso que se dará al combustible. De lo contrario, el suplidor no te firma contrato de venta.
Es por ello que los inversionistas requieren una garantía de que van a consumir el gas natural que han de recibir en la terminal que construyen, por lo que deben acordar con el Estado, principal comprador de energía eléctrica del país, que la energía que se ha de producir con ese combustible será efectivamente adquirida para su comercialización a través de las distribuidoras Edenorte, Edesur y EdeEste.
Una parte de los inversionistas del proyecto son a su vez accionistas de la Compañía Eléctrica San Pedro de Macorís (CESPM), conocida como Cogentrix, una unidad de 300 megavatios que será convertida a gas natural.
En este momento el Estado tiene un contrato de compra de energía de esa planta que opera con fuel oil 2, a un costo de 24 centavos de dólar el kilovatio/hora, un precio insostenible, que de ser convertido a gas bajaría a no más de 12 centavos de dólar.
Ese contrato vence en 2021 y la terminal de gas natural estaría lista en 2016. Bajo esa premisa, la garantía efectiva de compra de gas con base en esa planta sería de sólo cinco años. Por esa razón, los promotores del proyecto han solicitado al Estado la extensión de ese contrato por 15 años más, con todas las garantías que implica, pero con la ventaja de que la energía a comercializar sería mucho más barata.
Para tener una idea, actualmente el Estado, a través de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), mantiene esa planta apagada porque sus altos costos no le permiten despacharle energía; pero aún sin usar sus servicios, debe pagarle 7 millones de dólares mensuales.
Si operara con combustible menos costoso, podría entrar al sistema y el Estado no solo se ahorrará el pago de la penalidad por capacidad instalada no usada, sino que con la comercialización de su energía se beneficiaría con el ahorro de unos 200 millones de dólares anual.
Es un paso delicado, que implica una extensión de contrato en donde el país debe estar pendiente de que la negociación se haga con transparencia y defendiendo el interés nacional, pero es la única forma de garantizar la entrada de energía más barata y liberarnos poco a poco de un subsidio eléctrico anual de más de 1,000 millones de dólares, del que se benefician en gran medida muchos de los generadores que están interesados en bloquear la instalación de la nueva terminal de gas natural y de la conversión de casi mil megavatios a ese combustible.
No hay que dejarse confundir. Apostemos al progreso y a la superación definitiva de la crisis eléctrica que nos afecta.
