[dropcap]E[/dropcap]n los últimos días ha estado circulando en algunos medios de comunicación la información de que alrededor del 85% de los fondos de pensiones del país se estaría utilizando para cubrir déficit presupuestario del Gobierno Central.
La versión es acogida como buena y válida y multiplicada por algunos comunicadores que por una razón u otra no se detienen a confirmar si la información es cierta, y si se corresponde con las estadísticas oficiales disponibles en la Superintendencia de Pensiones (Sipen).
El dato llamó mi atención y por eso hicimos un levantamiento de las estadísticas de la Sipen cerradas a junio de este año. Se da cuenta de que el patrimonio completo de los fondos de pensiones anda por los RD$473,803.4 millones, de los cuales RD$371,801 millones (78.5%) corresponden a fondos de capitalización individual.
En efecto, una gran parte de los fondos de pensiones está invertido en instrumentos de deuda emitidos por entidades del Estado, pero no 85%, sino alrededor del 78.7%. Además, no se puede decir que esos montos se destinen exclusivamente a cubrir déficit presupuestario (tampoco se puede afirmar que no sea así).
La distribución es como sigue: 45.6% de los fondos de pensiones está depositado en instrumentos de deuda del Banco Central; un 27.3% está en bonos de deuda del Ministerio de Hacienda, lo cual ronda el 73%. Pero si se agrega el 0.1% de los fondos colocados en emisiones del Banco de Desarrollo de las Exportaciones (Bandex) y 5.7% que está en certificados del Banco de Reservas, entonces se llega a la conclusión de que por lo menos el 78.7% de los fondos de pensiones está colocado en instrumentos financieros emitidos por el Estado dominicano, no precisamente para cubrir déficit presupuestario.
En todo caso, las inversiones en esas entidades están todavía por debajo del límite máximo permitido (Banco Central: hasta 50%, Hacienda: 30%, Bandex: 12%, BanReservas: 14.3%).
Sin embargo, el hecho de que las administradoras de fondos de pensiones (AFP) se inclinen en invertir los ahorros del plan de retiro de los trabajadores más en instrumentos de entidades del Estado que en los de entidades privadas, no deja de llamar la atención.
Pues resulta que los instrumentos de deuda del Banco Central y de Hacienda son los que tienen mejores calificaciones de riesgo, de acuerdo con las calificadoras autorizadas en el país (AAA). Los demás instrumentos de deuda tienen calificaciones que rondan entre C y AA.
Además, resulta que los instrumentos de deuda del BC y de Hacienda son los que pagan mayores tasas de interés (algo extraño, pues a mejor calificación hay menor riesgo y por tanto se paga menos interés). Pero en este caso es así y esos son dos buenos motivos para que las AFP prefieran invertir en esos instrumentos de rendimiento por sobre los de emisores privados.
Pero el hecho de que casi el 89% de los fondos de pensiones esté invertido en instrumentos financieros de emisión estatal también nos ofrece una lectura interesante en cuanto a que el Estado se consolida como buen pagador, cumplidor de las regulaciones y confiable para las empresas que administran esos recursos de ahorro de los trabajadores para su pensión futura.
Aun así, es válida la percepción de que esos recursos no se están invirtiendo en áreas productivas y más bien pudieran estar cubriendo déficit presupuestario del Gobierno. La versión adquiere validez porque no hay desde el Gobierno ninguna versión oficial sobre el destino específico que le da a los recursos que capta de los fondos de pensiones con los instrumentos de deuda que emite.
Lo ideal sería que el Gobierno anuncie la emisión de instrumentos de deuda para ser colocados específicamente en los fondos de pensiones y que los recursos captados se especialicen en obras de infraestructura con tasas de retorno, lo que le daría a la ciudadanía la seguridad de que además de generar intereses atractivos, los fondos de pensiones también contribuyan con el desarrollo nacional y no para tapar huecos presupuestarios que se traducen en déficit.
Mientras tanto, también es preciso abogar para que el sector privado emita instrumentos financieros confiables y con niveles de rendimiento favorables, que motiven a las AFP a invertirles mayores partidas de los recursos que ahorran los trabajadores.
