La Asociación de Concesionarios de Fabricantes de vehículos (Acofave) advirtió a los consumidores y a las autoridades nacionales los riesgos cuando se producen fenómenos naturales en los Estados Unidos que generan una gran cantidad de autos “ahogados” que son objeto de daños irreparables y declarados pérdida total por las empresas aseguradoras.
El presidente ejecutivo de Acofave, Enrique Fernández, subrayó que como resultado del huracán Harvey que azotó recientemente al estado de Texas se estiman en medio millón las unidades vehículos que han sido afectadas por las inundaciones.
Fernández indicó que en el pasado esos autos han logrado escurrirse entre los vehículos usados que llegan al país, a pesar de que su importación está prohibida por el decreto presidencial 671-02.
Señaló que esta disposición prohíbe la importación de vehículos de motor “que no estén aptos para circular en el país de procedencia, motivado a choques, inundaciones, catástrofes y los denominados ‘salvamentos’, por constituir un riesgo para la seguridad ciudadana y atentar contra la salud y el medio ambiente”.
Explicó que el daño del agua fruto de las marejadas ocasionadas por los huracanes, por las copiosas lluvias y por liberación de los embalses ocasiona un daño irreversible y permanente a los delicados sistemas electrónicos de los vehículos modernos.
Agregó que aun cuando su apariencia exterior e interior sea restaurada superficialmente y el vehículo aparente estar funcionando normalmente, la corrosión continuará haciendo daños internos que lo rendirán inservible a corto plazo, o requerirá de reparaciones mayores que no justifican el análisis costo beneficio del proceso de compra.
El presidente ejecutivo de Acofave recomendó a los adquirientes de dichos vehículos hacer las indagatorias del historial de los vehículos a ser adquiridos, para cerciorarse que las bases de datos especializadas que existen en el internet, no reporten que dichos vehículos fueron declarados como salvamento (“salvage”).
Fernández también solicitó que las autoridades aduanales y de protección al consumidor, redoblen sus esfuerzos para asegurar que dichas unidades ahogadas no ingresen al país por las consideraciones contenidas en el decreto Presidencial que establece su prohibición y que establezcan los mecanismos para que los importadores evidencien que los vehículos usados que ingresan están autorizados a circular en su país de procedencia.
