Si algo bueno dejó la capitalización de la otrora Corporación Dominicana de Electricidad (CDE), en un proceso que a toda luz fue festinado, fue la creación de conciencia en la población sobre la importancia de pagar por un servicio tan vital como es la energía. La costumbre era regalar el servicio porque estaba en poder del Estado.
Había una especie de acuerdo implícito entre políticos, esencialmente los que gobernaban, y los ciudadanos, en la práctica votos, para no pagar el servicio de electricidad, a pesar de lo costoso que es producirla. ¿Qué queda sin resolver? Dos aspectos fundamentales: apagones y déficit financiero. Para ser sincero es lo mismo que padecíamos antes de capitalizar la vieja CDE.
Pero hoy es peor. Ahora tenemos tres empresas distribuidoras, una de Transmisión, otra Hidroeléctrica, una Superintendencia, una Comisión Nacional de Energía, Protecom, un centro de operaciones (SENI), la UERS y una CDEEE que está en medio de todo y de nada. Y hay más. Años vienen y pasan en el proceso de negociación de un pacto eléctrico que no acaba de firmarse, deudas con los generadores privados que han tenido que renegociarse, financiarse, refinanciarse y tomar prestado para pagar.
En resumidas cuentas, en vez de simplificar un sector que debería funcionar como un negocio puro y simple, sin subsidio del Estado, con excepción de sectores que demuestren incapacidad para pagar el servicio, ahora tenemos una madeja caótica. Las finanzas o flujo de caja de las distribuidoras constituyen el principal dolor de cabeza del Estado.
¿Por qué no evaluamos a los administradores de las distribuidoras de electricidad por su desempeño? Sería positivo fijarles un salario y que sobre la base de las metas alcanzadas agregar incentivos. ¿Qué tenemos hoy? A burócratas con salarios exorbitantes, combustibles al por mayor, vehículos, seguridad, chofer, teléfono abierto, tarjetas de crédito de representación, viáticos excepcionales y demás yerbas aromáticas. Así cualquiera acepta el reto de acabar con los apagones.
