El sector privado está llamado a dinamizar la actividad económica vía las inversiones que realiza. El Estado está en la obligación de facilitar los canales para que los empresarios puedan seguir apostando a la economía. Esta es la parte teórica. Vamos a la realidad.
En la práctica, sin embargo, no es así. Habría que llegar a creer que muchas empresas dominicanas, especialmente las Mipymes, trabajan con magia. El pago del anticipo del impuesto sobre la renta (ISR) es, sin temor a equivocarme, el gravamen más odioso que existe. Y lo es hasta para las compañías grandes. No existe un solo movimiento comercial que no esté rodeado por impuestos.
Con esta posición no estoy diciendo o invitando a dejar de pagar impuestos. De lo que se trata es de no complicarme la vida al pequeño empresario que sueña con crear 10 o 15 empleos. El pago de anticipo resulta odioso, incómodo y aberrante. ¿Por qué? Porque simplemente no es justo que se cobre impuestos bajo el supuesto de que la empresa tendrá, el año próximo, iguales o mejores resultados que el ejercicio fiscal anterior.
Las autoridades saben muy bien que así es como muchas pequeñas unidades de producción desaparecen antes de cumplir los cinco años o deciden operar bajo la sombra. Esto, obviamente, perjudica al Estado porque deja de recibir ingresos vía los impuestos y porque se pierden puestos de trabajos y la posibilidad de transferir conocimientos. Y así no hay forma de que el sector privado sea competitivo y motorizador de la economía.
El Estado está en la obligación de ver al empresario, sin importar su tamaño y capacidad de compra, como un cliente. Ponérsela difícil a las Mipymes es atentar contra las recaudaciones del Gobierno y, peor aún, coartarles a miles de dominicanos la posibilidad de materializar ideas emprendedoras aplicables en un esquema impositivo más amigable. Apuesto peso a morisqueta que no me oirán, por ahora.
