Muchas críticas y muchos han querido pescar en río revuelto. La entrada en vigor de la Ley 30-26 ha reactivado el debate sobre el aumento del impuesto a las transferencias electrónicas y la emisión de cheques, que pasó de 0.15% a 0.20%. En términos relativos es un 33.3% de aumento. ¿Qué significa esto en realidad?
Aunque muchas personas han expresado preocupación por este cambio, la realidad es que su impacto en el bolsillo de la mayoría de los ciudadanos es mucho menor de lo que parece. Cuando se habla de porcentajes e impuestos, es fácil pensar que el costo será elevado. Sin embargo, basta con revisar algunos ejemplos concretos para entender mejor la magnitud del ajuste.
Una transferencia de RD$10,000 pagará RD$20 de impuesto y una de RD$100,000 tendrá un cargo de RD$200. Visto de esa manera, resulta difícil sostener que el aumento representa una carga significativa para la mayoría de los usuarios. De hecho, la diferencia entre la tasa anterior y la actual en una transferencia de RD$100,000 es apenas de RD$50 adicionales. Por supuesto, nadie disfruta pagar impuestos.
Sin embargo, también es cierto, y es lo que creo, que pocas personas estarían dispuestas a asumir los riesgos de manejar grandes cantidades de efectivo, perder la seguridad y la comodidad de las transferencias electrónicas o complicar sus operaciones financieras para evitar el pago de RD$200 en una transacción de RD$100,000. Evitar el tapón y el gasto por traslado justifica realizar la transacción desde una plataforma electrónica.
Otro aspecto importante es que este tributo no afecta por igual a todos los contribuyentes. Aunque el impuesto generó RD$6,873.9 millones entre enero y abril de este año, esa cifra no proviene principalmente de las operaciones de ciudadanos que realizan pagos ocasionales, sino del enorme volumen de transacciones que mueve el sector empresarial.
Las grandes empresas realizan diariamente cientos o miles de transferencias, pagos a suplidores, movimientos de tesorería y operaciones financieras de alto valor. Al multiplicarse el impuesto sobre esos montos, la contribución acumulada se vuelve considerable. En cambio, para la mayoría de las personas, que realizan transferencias esporádicas para pagar servicios, enviar dinero a familiares o hacer compras, el efecto económico es relativamente reducido. ¿O me equivoco?
Además, muchas operaciones continúan exentas del gravamen, como las transferencias entre cuentas del mismo titular, los pagos al Estado, las operaciones relacionadas con la seguridad social y los fondos de pensiones. ¿Cierto o no?
De manera muy particular, creo que el aumento de 0.15% a 0.20% tiene un impacto recaudatorio importante para el Estado, pero no necesariamente representa un golpe significativo para el ciudadano promedio. La percepción inicial puede generar preocupación, pero al llevar la discusión a los números concretos queda claro que el peso principal de este impuesto recae sobre quienes realizan las mayores operaciones financieras del país: las grandes empresas y los contribuyentes de mayor volumen.
