Desde la generación, transmisión, distribución y comercialización hasta llegar al consumidor final, la electricidad pasa por un proceso costoso y que culmina cuando se utiliza para encender el televisor o cualquier otro aparato electrónico.
Dentro de las principales características que definen al sector está la mala calidad del servicio y un círculo donde las empresas distribuidoras de electricidad (EDE) entregan menos cantidad de energía para reducir costos, mientras que la población trata de no pagar por un servicio que considera ineficiente.
El más reciente informe de la Asociación Dominicana de la Industria Eléctrica (ADIE) señala que en los primeros cuatro meses de este año, el sistema tenía disponibles 5,268.16 gigavatios por hora y las empresas distribuidoras abastecieron la demanda de los usuarios con 4,670.46 gigavatios por hora, lo que quiere decir que solo utilizaron el 89% de la energía a su disposición. Por lo que en el sistema hubo una reserva acumulada de 597.7 gigavatios por hora.
La entidad asegura, además, que la reducción en los precios del petróleo ha influido positivamente en las finanzas de las empresas distribuidoras, reduciendo el costo de compra de energía en más de un 30%, aunque el precio de venta al consumidor se ha mantenido casi intacto y la población continúa recibiendo la misma cantidad de cortes de electricidad.
La empresa de distribución que registró más apagones durante el período enero-abril de este año fue Edeeste con 194.53 gigavatios por hora (GWh) de energía no servida, que representó un 13.27% y que se traduce en 3.18 horas de cortes diarios para todos sus usuarios.
Edesur alcanzó 214.26 GWh, es decir, un 12.86% de energía no servida. En promedio los usuarios de esa empresa recibieron 3.1 horas de cortes eléctricos diarios.
En tanto que Edenorte registró 155.53 GWh de energía no suministrada (11.45%), reportando 2.75 horas de apagones diarios.
Las horas de electricidad que recibe cada usuario depende del circuito al que esté conectado, que se clasifican, de acuerdo a los niveles de pérdidas, en A, B, C y D. Los circuitos A son los que reciben menos apagones y los que tienen mayores niveles de cobranza. Mientras que los D reciben más horas de apagones y cuentan con los niveles más bajos de cobranza.
De enero a julio de este año, las distribuidoras facturaron 5,364.2 GWh, de los cuales cobraron 5,170.7 GWh (96%). Edenorte es la que cuenta con un mayor nivel de cobranza (96%), seguida de Edesur (95%) por último Edeeste, con un 93%. Estas cifras corresponden a los clientes que pagan por el servicio de electricidad.
Pérdidas
Producto del hurto y fraude en el consumo, en los primeros seis meses de este año las distribuidoras perdieron 2,406 gigavatios por hora, es decir, un 31% de la energía servida.
Edenorte es la que presenta menos pérdidas, con un 26.9% (619.0 GWh); seguida de Edesur, con un 27.5% (777.1 GWh). En tanto que Edeeste es la que más pérdidas reporta, con un 38.2% (1,009.8 GWh).
La respuesta del Estado a esta problemática ha sido la misma desde hace más de una década: subsidiando a las empresas distribuidoras y a sus clientes. En 2016 las EDE recibieron US$578.8 millones por parte del Gobierno, de los que US$360.8 millones (62%) fueron para cubrir su déficit operacional. Mientras que de enero a julio de este año fueron entregados US$347.3 millones y el 47% (US$162.1 millones) fue destinado para el déficit de las EDE, de acuerdo con los informes de desempeño del sector eléctrico.
Por otro lado, 463,351 usuarios del servicio eléctrico recibieron en 2016 RD$2,100.2 millones, a través del programa Bono Luz, y hasta junio de este año la cifra era de RD$1,045.8 millones entregados a 468,499 beneficiarios.
Desde el inicio de ese programa en 2009 se han beneficiado 550,518 personas, quienes han recibido RD$12,601.7 millones para el pago de la energía eléctrica.
Aun con todos esos recursos que destina el Gobierno para cubrir las deficiencias de las EDE, continúan los cortes de electricidad y las pérdidas de energía.
Ese es el motivo que lleva a Ernesto Selman, vicepresidente ejecutivo del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (CREES), a decir que el principal problema del sector eléctrico es que las distribuidoras están en manos del sector público. “Hay una pérdida de una tercera parte de la energía que compran, lo que hacen que tengan pérdidas financieras muy fuertes y se requieran subsidios del Estado permanentemente”.
El economista considera que la solución al problema de la energía eléctrica en el país es sanear las empresas distribuidoras, porque tienen una alta burocracia.
Además, sugiere traspasarlas a empresas que las puedan administrar de manera regulada e introducir los incentivos correctos para que esas pérdidas de energía se eliminen.
Pacto eléctrico
Al referirse al Pacto Nacional para la Reforma del Sector Eléctrico, explica que en las discusiones no se ha tomado en cuenta la parte de distribución de la energía y que se está haciendo énfasis en el tema de generación con las plantas de Punta Catalina, por lo que a su entender las prioridades no están bien dirigidas.
“En principio se dice que van a bajar las pérdidas, pero desde el año 2003 vienen diciendo que las pérdidas se van a reducir y se mantienen en niveles similares. Alrededor de una tercera parte de la energía que compran las EDE se pierde y hace 14 años que venimos diciendo lo mismo y no hacemos nada”, destaca.
Con relación al tema, Wilson Castillo, uno de los representantes del sector laboral que participa en las conversaciones del pacto, explica que el objetivo del diálogo es crear un plan de trabajo definitivo con actores responsables y tiempo de solución específico para tener un suministro energético continuo de calidad a precios razonables en los distintos sectores del país.
“El Pacto Nacional para la Reforma del Sector Eléctrico debe contener la solución definitiva del déficit financiero de miles de millones de dólares anuales que gasta el Estado dominicano para cubrir la ineficiencia técnica-administrativa histórica de las empresas distribuidoras y los subsidios a los empresarios privados y mayores consumidores como usuarios no regulados (UNR) y zonas francas”, señala.
Castillo también asegura que se busca reducir las pérdidas totales a un 15% y alcanzar la autosuficiencia financiera en el año 2022, respondiendo a uno de los mandatos de la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo.
“De ahí la importancia de que en este Pacto Eléctrico se logren acuerdos y recomendaciones que permitan relanzar el sector eléctrico en su conjunto y, de manera puntual, conviertan las empresas distribuidoras estatales en empresas eficientes y autosostenibles, con capacidad de aportar recursos fiscales al Gobierno, de manera que con su aporte contribuyan al financiamiento de otros renglones de la economía nacional, como lo son la educación, la salud y la infraestructura”, indica.
Reclamaciones de usuarios en Protecom
Desde el 1 de enero hasta el 30 de noviembre de 2016, la Oficina de Protección al Consumidor de Electricidad (Protecom) de la Superintendencia de Electricidad (SIE) recibió 34,830 reclamaciones de usuarios, correspondiendo el 50% a Edeeste, el 28% a Edesur, el 20% a Edenorte y el 2% restante a otras distribuidoras como Luz y Fuerza Las Terrenas y Consorcio Energético Punta Cana Macao.
De acuerdo con la memoria anual de la SIE, producto de esas denuncias la entidad ordenó a las empresas distribuidoras acreditar a los clientes un monto aproximado de RD$75.6 millones.
En tanto que de los grandes usuarios Protecom recibió 298 reclamaciones, de las cuales el 50% corresponden a Edesur, el 37% a Edeeste y el 13% a Edenorte.
Con relación a esas denuncias, la SIE ordenó a las distribuidoras acreditar un monto aproximado de RD$20.5 millones.
Además, durante el año pasado la SIE emitió 237 solicitudes de “Certificaciones para Efectos Quemados” por daños producidos a instalaciones o equipos eléctricos. De esas solicitudes, el 50% fueron solicitadas por usuarios de Edesur, el 26% por Edenorte y el 24% por Edeeste.
De enero a agosto de este año, la SIE recibió 20,004 denuncias, pero solo 5,021 fueron declaradas como procedentes, según el informe mensual de la institución.
Durante ese período, la entidad ordenó acreditar un total de RD$42.3 millones a favor de los usuarios del servicio eléctrico.
