La empresa Astilleros Benítez solicitó la protección de la PolicíaNacional para resguardar la integridad física de su personal, luego de que fuera repelida a tiros la devolución de un inmueble de su propiedad, en virtud de dos sentencias de la Suprema Corte de Justicia, una de ellas emitida por su pleno.
Mediante un espacio pagado dirigido al presidente Danilo Medina, al Procurador General de la República, Francisco Domínguez Brito; al Jefe de la Policía Nacional, mayor General Manuel Castro Castillo y a la Fiscal de la Provincia de Santo Domingo, Olga Diná Llaverías, la empresa pide velar por la integridad de su personal y el respeto a la propiedad privada.
A continuación, un extracto íntegro del comunicado:
Los suscribientes somos propietarios de la Porción R-Bis del D.C.: No. 1 del Distrito Nacional (hoy Provincia Santo Domingo) ubicada en la margen este del río Ozama, en la calle Juan Goico Alix s/n, sector ensanche Ozama, municipio Santo Domingo Este, provincia Santo Domingo, de conformidad con el certificado de título No. 0100031418, en la cual fue construido un dique de carena por el ingeniero Félix Benítez Rexach y su viuda, doña Sobeya, hoy con 87 años de edad y una salud muy precaria, fruto del abuso y desconsideración que ha sufrido a lo largo de este proceso, con flagrantes violaciones a los derechos de propiedad privada. Dicho dique fue concebido para la construcción y reconstrucción de naves marítimas y de él ha dependido el sustento de cientos de familias, y al haberse encontrado paralizado, perdieron sus empleos, y con el reinicio de sus operaciones recuperarán sus plazas de trabajo.
Desde el año 2008, nuestra propiedad ha sido ocupada ilegalmente por Francisco y Mariano Madé Ramírez y Legus Enterprises, representada por Luis Contreras Brea y sus empresas afiliadas.
El día 7 de diciembre de 2013, fuimos puestos en posesión del inmueble de nuestra propiedad. Dos días después, en la madrugada del 9 de diciembre, fuimos ilegal y violentamente expulsados por un grupo de vándalos compuesto por policías, ex-generales y civiles fuertemente armados, según consta en el informe de investigación policial puesto en manos de la magistrada Diná. En dicho acontecimiento resultaron amordazados y golpeados guardianes de la compañía de seguridad privada SEPROCORP, contratados por nuestra empresa, habiéndoles sido sustraídas armas de fuego que portaban legalmente, según expresa José Ignacio Acero, gerente general de la empresa.
Fruto de esa acción y siempre haciendo uso de las leyes, los hoy suscribientes procedimos a demandar ante la jurisdicción correspondiente nuestra reintegración. Dicha solicitud fue acogida y ordenada la reintegración inmediata del inmueble a sus legítimos propietarios, la cual fue ejecutada mediante acto de alguacil el día cinco de agosto de 2014, siendo repelida a tiros la posesión del inmueble por parte de los que hoy lo ocupan ilegalmente. En el incidente fue herido nuestro supervisor, el señor Antonio Jiménez Oliva, quien acompañaba al señor Silvano Almonte, guardián legal designado por el ministerial ejecutante, mientras supervisaba el área entregada.
En tal sentido, solicitamos de manera encarecida que se nos asigne la debida protección policial para hacer valer nuestro derecho al usufructo del inmueble otorgado por los tribunales de la República y así evitar que se repitan hechos vandálicos que pongan en peligro la seguridad física del personal de la empresa, así como para preservar la seguridad jurídica de que somos beneficiarias todas las personas, nacionales o extranjeras, prevista en nuestro ordenamiento jurídico y de manera particular el respeto a la propiedad privada, elemento consagrado taxativamente en nuestra Constitución y Leyes Adjetivas.
Firmado:
Licenciado José Ignacio Acero Ruiz, en representación de Astilleros Benítez, S.R.L.
