Las autoridades tributarias actuales han oficializado las afirmaciones que a mediados del año pasado hizo el ministro administrativo de la Presidencia, José Ramón Peralta, en el sentido de que la evasión del Impuesto a la Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS) se estimaba en un 40%.
De inmediato, el titular de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) de entonces, Guarocuya Félix, se encargó de aclarar mediante comunicado oficial que la evasión del ITBIS no era tan alta, que incluso, el estudio más reciente sobre ese tema databa del año 2010 y estimaba la evasión de ese gravamen en 29.7%.
Menos de dos semanas después de esa aclaración, Félix fue sustituido de la DGII por el actual titular Magín Díaz, quien ha ratificado la estimación de evasión del ITBIS que hiciera Peralta, estimándola, incluso más alta, en un 42%.
Asumiendo que sea así, que la evasión esté en un 42% y que como ha afirmado Díaz, cada punto porcentual del ITBIS equivale a alrededor de RD$2,000 millones, entonces el Estado estaría dejando de recibir por lo menos RD$84,000 millones cada año por esa práctica ilegal de parte de los contribuyentes y más aún de las empresas que son agentes de retención y que no lo están reportando al fisco.
En 2016 la DGII reportó ingresos por RD$352,520.8 millones, de esa cantidad, el 26.1%, es decir, RD$92,049.2 millones correspondió a recaudaciones por el cobro del ITBIS. De no haberse registrado una evasión de 42%, entonces el Gobierno debió recaudar poco más de RD$158,700 millones por ese concepto.
Pero si cada punto porcentual de ese gravamen es equivalente a RD$2,000 millones como ha manifestado el titular de la DGII (en lo recaudado el año pasado, con una evasión de 42%, cada punto porcentual recaudado equivale a RD$1,587 millones), tendríamos que, con base en 2016 las recaudaciones de ese gravamen pudieron llegar a RD$176,049.2 millones.
Pero también hay que tomar en cuenta los llamados “gastos tributarios” del Gobierno, que no son más que las exenciones fiscales que el Estado les concede a personas como a empresas y que para este año se estiman en RD$231,125.6 millones.
De esa cantidad, la DGII ha informado que por lo menos el 47.1% (RD$108,944.4 millones) corresponden a exenciones del pago del ITBIS. Ese monto es de exenciones, no evasión.
Entonces, imagínense que en República Dominicana se eliminara la evasión del ITBIS y que también se dejaran sin efecto las exenciones de ese gravamen. El resultado sería una recaudación de RD$284,993.3 millones, a los que habría que agregar el porcentaje de aumento que se registra en esas recaudaciones cada año con motivo de la actividad económica regular.
Pero no hay que ser tan optimistas. El Gobierno pudiera conformarse con que la Administración de la DGII logre bajarle por lo menos 13 puntos porcentuales a la evasión del ITBIS, con lo que se pudiera lograr que la recaudación de ese gravamen aumente en al menos RD$26,000 millones.
De esa forma la evasión estaría bajando de 42% a 29%, lo que sería un logro importante para la actual administración, aunque se puede dar el caso de que los que administraron la DGII entre 2010 y 2012, así como entre 2012 y 2016, no vean ese logro. Esto así, porque se tiene entendido que la evasión del ITBIS era de 29.7% hace siete años.
Otra forma de aumentar las recaudaciones del ITBIS en forma adicional a la reducción de la evasión sería mediante la eliminación de exenciones de ciertos bienes y servicios, es decir, lo que se conoce como la “ampliación de la base imponible”. Si se redujera en un 25% la exención estimada de RD$108,944.3 millones del ITBIS, el Gobierno podría captar RD$27,236 millones.
De esa forma, con solo bajarle una cuarta parte a las exenciones y una cuarta parte a la evasión, el ITBIS pudiera aportarle al fisco por lo menos RD$53,000 millones adicionales, una cantidad apreciable que se complementaría con otras medidas gubernamentales como la eliminación parcial de otras exenciones a sectores empresariales y de lucha contra la evasión de otros gravámenes que son, incluso, menos regresivos que el que pesa sobre los bienes y servicios.
