El gobernador Ricardo Rosselló Nevares presentó un documento preliminar que concluye que el Gobierno sufrió $94,000 millones en daños por el paso de los huracanes Irma y María en septiembre.
En una conferencia en Washington D.C. con la comisionada residente, Jenniffer González, Rosselló sostuvo que el documento se hizo con la ayuda del sector privado y con las organizaciones sin fines de lucro.
“A veces se nos olvida que vinieron dos tormentas a Puerto Rico”, señaló el primer ejecutivo.
Aunque Rosselló Nevares agradeció la ayuda que el Congreso ha dado hasta el momento, destacó que “no es solo reconstruir sino hacerlo de forma más fuerte y resiliente para que Puerto Rico sirva de modelo para otros países”.
El primer ejecutivo busca recibir $46,000 millones para restaurar viviendas a través del programa Community Development Block Grant, $30,000 millones de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) para restaurar infraestructura crítica, y $17.9 mil millones en otros programas federales de subsidios para recuperación a largo plazo.
El gobernador prometió que el proceso de recuperación será transparente e incluirá una plataforma en donde las personas verán en tiempo real todo lo que tenga que ver con las labores de recuperación. “Lo que pedimos es trato igual […] Esto fue un desastre natural”, dijo el gobernador.
Aunque la cifra “parece grande”, Rosselló Nevares señaló que es “conservadora” porque se toma en consideración infraestructura socavada pero que no se puede percibir.
De otra parte, González dijo que el informe también permite identificar la infraestructura que requiere “reconstrucción” al destacar que no quería usar la palabra reparación porque la infraestructura se tiene que rehacer de nuevo. “No estamos pidiendo dinero por pedir sino para cubrir los daños”, destacó la comisionada residente.
En ese sentido, pidió cambios a la ley Stafford que permitan la reconstrucción de la infraestructura. Actualmente, ese estatuto viabiliza que infraestructura dañada se reconstruya a su estado original. González, sin embargo, sostuvo que la reconstrucción tiene que ser para que la infraestructura sea robusta.
Esta semana se espera que se introduzca otra ayuda suplementaria para la isla y en diciembre se recibiría otra para trabajos de reconstrucción en la isla. Cuando el huracán Katrina devastó Luisiana, ese estado estuvo recibiendo ayuda suplementaria por 10 años.
Los daños de $94,000 millones se han dividido en distintas áreas de vivienda, carreteras y otras. En la página 6 del documento insertado más adelante aparece un desglose por renglones de las cantidades de dinero solicitadas. Por ejemplo, para vivienda, el gobernador solicita poco más de $31,000 millones; para energía, $17,000 millones; para salud, $14,000 millones; y para educación, $8,000 millones.
Sobre la reforma contributiva, Rosselló Nevares destacó que Puerto Rico no debe ser tratado como jurisdicción foránea si la intención de la medida es atraer empleos a Estados Unidos. La medida sería desastrosa para la manufactura porque impone un impuesto a las importaciones producidas en jurisdicciones foráneas.
Puerto Rico es una jurisdicción foránea para propósitos contributivos. El Gobierno desea que ese impuesto se elimine porque resultaría en la pérdida de empleos. “Puerto Rico es parte de Estados Unidos y eso se tiene que decir”, sostuvo.