[dropcap]L[/dropcap]a decisión del presidente de la Cámara de Diputados, Abel Martínez, de eliminar el Fondo de Gestión Social, mejor conocido como “El Barrilito”, debería ser emulada por la presidenta del Senado, Cristina Lizardo, una mujer que ha dado muestras de ser respetuosa de la Constitución y muy transparente en sus funciones públicas.
En ningún artículo o acápite de nuestra Carta Magna se establece que los legisladores deban regalar recetas, reparar letrinas, comprar cajas de muerto, patrocinar habichuelas con dulce, distribuir útiles escolares, reparar viviendas, tener ambulancias o hacer cualquier otra función más allá de las que constitucionalmente les compete como diputado o senador.
Por supuesto, ahora habrá muchos que salen a defender esos fondos sobre la base de que el Estado no tiene capacidad para suplir las necesidades básicas de la gente. ¿Es “El Barrilito” una solución o un mecanismo para alimentar el ego de los políticos y saciar momentáneamente una necesidad de un ser humano sin oportunidades? Esta no es la forma en que sacaremos a más dominicanos de la pobreza.
¿En qué contribuyen estas acciones al desarrollo de la gente, sino más bien a mantener a todo un pueblo sumergido en la ignorancia, que luego aprovechan los mismos políticos para echarles en cara su gentileza para pedirles su voto? La pobreza, mezclada con ignorancia, es el principal obstáculo que tiene la gente para entender que una ayuda coyuntural sólo les mantiene subyugado a los que han estado y quieren seguir en un cargo público.
El artículo 80 de nuestra Constitución habla de las atribuciones del Senado. Cristina Lizardo sabe que no hay ni una sílaba que ordene, establezca o sugiera que un senador debe recibir fondos para administrarlos a su antojo y conveniencia, muchas veces sin ofrecer la debida información a los contribuyentes. Los legisladores ejercen el primer poder del Estado y en consecuencia deberían predicar con el ejemplo.
Ahora bien, los legisladores saben que las migajas que reparten a ciudadanos pobres e ignorantes de sus derechos y de los deberes de los diputados y senadores, se traducen en votos. Ahí está la verdad que todos saben y de la que no se habla.
El artículo 93 establece con claridad meridiana que el Congreso Nacional legisla y fiscaliza en representación del pueblo. En ningún caso a manda a suplantar las funciones de otras instituciones públicas. Si un legislador reparte útiles escolares está ejerciendo las funciones del Ministerio de Educación; si reparte medicina y ayuda con recetas está haciendo las veces del Ministerio de Salud; si compra cajas de muerto está haciendo las funciones del Inavi, del Plan Social de la Presidencia, de los ayuntamientos o de cualquier otra fundación benéfica; si regala útiles deportivos sustituye al Ministerio de Deportes en sus funciones y así sucesivamente.
Las funciones de los legisladores están explícitamente establecidas en la Constitución que ellos mismos aprobaron. Entre sus funciones está, según el artículo 2 sobre atribuciones de fiscalizador y control, supervisar todas las políticas públicas que implemente el gobierno y sus instituciones autónomas y descentralizadas, sin importar su naturaleza y alcance. Esto es lo que deberían hacer.
Ricardo Jacobo, que al parecer no es un constitucionalista, pues la quiso pasar por alto cuando se propuso como sustituto de su padre para senador por el Seibo sin ser nativo de esa demarcación, ahora vuelve a demostrar que la Carta Magna no es importante para él.
Palabras de Jacobo: “Lo único que quisiera es solicitar a los que abogan por retirar los recursos de ayuda social de los senadores, que por favor los acompañen un fin de semana a sus provincias y después emitan una opinión justa”. ¡Qué lejos de la verdad está este ciudadano!
La educación es el único instrumento que tiene el pueblo para no dejarse manipular por políticos que lo único que les interesa es erigirse como Chapulín Colorado. Pero todo marcha.
