La estructura de costo interna en República Dominicana resulta muy elevada para las empresas y tiene una relación directa con la carencia de políticas públicas en diversos ámbitos, según Ernesto Selman y Miguel Collado Di Franco, del Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles (Crees).
Selman cita, como ejemplo, que el costo de la energía eléctrica a nivel comercial e industrial resulta 25% o 30% más alto que en Centroamérica y el transporte de carga 50% y a veces el doble de algunos países.
“Guatemala tiene una tarifa de 7 u 8 centavos de dólar por kilómetros por furgón y nosotros estamos en 14 centavos de dólar”, dice. “Teniendo la mejor infraestructura vial en comparación con Centroamérica, tenemos el costo de transporte de carga más caro y es por omisión de políticas públicas que someta a la ley a ciertos actores dentro del sector transporte”.
Selman y Collado Di Franco participaron en el Desayuno Financiero. Ambos conversaron con un equipo de elDinero encabezado por su director, Jairon Severino.
Para Selman las debilidades institucionales impiden el funcionamiento del mercado del transporte de carga. “Hay un monopolio de un grupo, yo ni siquiera le llamaría un sindicato, sino un grupo de personas que está por encima de la ley y de la autoridad”, señala.
Desde su punto de vista la situación se agrava por un tema de omisión de voluntad política y de implementación de acciones. Recuerda que ya existe una orden judicial que manda a los transportistas asociados en los denominados sindicatos a operar como empresas que compitan en el mercado, sin violar derechos fundamentales consagrados en la Constitución como: libre empresa, libertad de tránsito o el respeto a la propiedad privada.
Entre los factores que afectan la competitividad de las empresas, los economistas del Crees también citan el alto costo de los combustibles. “En República Dominicana son 20%, 25%, 30%, dependiendo del combustible, mayores que en Centroamérica y eso tiene mucho que ver con los impuestos y los márgenes determinados de antemano. Porque los impuestos y los márgenes de los distintos participantes en el mercado de los combustibles se fijan desde el Gobierno por reglamentos y no hay una competencia”, dice.
Esos elementos, añade, encarecen la energía y los combustibles. “De hecho, el barril del petróleo se redujo un 40% y los precios de la electricidad se mantuvieron igual, aún cuando los generadores redujeron el precio, (porque) la CDEEE (Corporación de Empresas Energéticas Estatales) mantuvo la tarifa eléctrica para financiar a Punta Catalina”, afirma.
Insiste en que estos temas afectan la capacidad de competir de las empresas sin que, desde el punto de vista del Crees, exista una visión y una voluntad política para corregir los problemas “político institucional, jurídico institucional y los temas que están afectando la estructura interna de costo para que las empresas puedan competir, producir más y generar más riquezas que mejoren la calidad de vida”.
Las pérdidas de energía
El Pacto Eléctrico promovido por el Gobierno será insuficiente para impulsar las transformaciones requeridas para mejorar la calidad del servicio de energía y abaratarlo, a la vez que carece de una visión de sostenibilidad en el tiempo, según Selman y Collado Di Franco.
Aunque ven como positivo que el pacto sacará del ámbito de control de la CDEEE algunas regulaciones que estarán a cargo de la Superintendencia de Electricidad o del Ministerio de Energía y Minas. También ponderan el objetivo de reducir las pérdidas de las distribuidoras de un 32% a un 15% para 2022. “Pero eso mismo dijimos hace 14 años cuando se estatizaron, entonces seguimos en el mismo lugar”, apunta Selman.
“Nosotros hemos invertido las prioridades. El Estado está destinando unos US$3,000 millones a generación cuando el problema está en la distribución y se resolvía con US$900 millones. Entonces, ahí caímos en una trampa, como sociedad”, dice.
“El Pacto Eléctrico no parece que trae una solución definitiva, el Pacto Eléctrico parece otro ‘paño con pasta’, como decimos en buen dominicano, y que servirá (para proyectar) alguna imagen de que algo se firmó”, insiste Selman.
Para los economistas del Crees el Pacto Eléctrico podría correr la misma suerte que el Pacto Educativo. Lamentan que, aunque la Ley 1-12, que crea la Estrategia Nacional de Desarrollo de República Dominicana 2030, manda además un Pacto Fiscal, la legislación se viole al incumplirse sus plazos.
“Mira la debilidad institucional, una ley orgánica se incumple abiertamente por diferentes gobiernos y no pasa nada. Es decir, estos pactos debieron estar firmados en enero de 2015, según la ley, y nada pasa”, puntualiza Selman.
El Crees entiende que el Gobierno debió firmar “contratos de administración” para poner las distribuidoras de energía eléctrica en manos de actores privados que se comprometan a reducir las pérdidas. “Porque al agente público no les duelen porque no es su patrimonio ni el de su familia que está en juego, sino el de diez millones de personas y es mucho más fácil llamar al Ministro de Hacienda y decirle, para este mes son 80 millones de dólares que necesitamos (de subsidios)”, reflexiona Selman.
Lamenta que en República Dominicana se hayan politizado todos los renglones de la vida social. “Hemos politizado todo, politizamos la energía eléctrica, el deporte, politizamos la cultura, la salud, la educación”, apunta. “Una sociedad progresista -añade-, no con los términos ideológicos, sino que progresa, que avanza, no tiene esa politización en todos los ámbitos. Y se va, al Colegio Médico y el Colegio de Abogados y está todo politizado y cuando está todo politizado es muy difícil y complicado”.
Reforma tributaria
El Crees resalta que República Dominicana puede tomar de su propia experiencia con las reformas que impulsó en 1990. Resalta que en esa década se redujo la pobreza, hubo mayor inversión extranjera directa como proporción del PIB, se incrementó el ingreso real de los ciudadanos y el desempleo disminuyó proporcionalmente más y en menos tiempo, de más de 20% de desempleo a 13%. Además, que se redujo el endeudamiento público en 28%, y todo con una presión tributaria inferior a la de ahora.
Selman advierte que con su reforma tributaria, Estados Unidos impulsa “un cambio y una revolución mundial”. “Porque el sistema tributario de Estados Unidos está cambiando de un sistema universal a uno territorial, empezando por ahí”.
Hay una reducción importante de las tasas de impuestos en las sociedades, en las empresas, que es lo que forzaba a buscar otros lugares donde ir a producir, dice. Se reduce del 35% al 21% la tasa de impuesto sobre la renta. Pero además hay una reducción importante en la repatriación de capitales y en las ganancias que obtienen fuera de Estados Unidos para traer esos capitales a Estados Unidos.
“Lo que estará sucediendo es que habrá menos capitales saliendo de Estados Unidos y habrá más recursos que están fuera que regresarán. Hay un efecto doble, importante a nivel internacional. Porque los mayores inversionistas, la economía del mundo más grande es la de Estados Unidos”, apunta.
Los economistas del Crees entienden que el fortalecimiento de Estados Unidos podría ayudar a los países de la región que la aprovechen produciendo y exportando más a su mercado. También que República Dominicana podría recibir más turistas y remesas. “Puedes generar mayor riqueza en tu país si creas las condiciones”, dice.
El Crees entiende que el contexto impone avanzar en el Pacto Fiscal, el cual implicaría, aprobar una Ley de Responsabilidad y Transparencia Fiscal y una reforma integral al Código Tributario, tal como la que elaboró con el apoyo de Francisco Canahuate.
Los economistas del Crees ven con preocupación el incremento del gasto público, lo cual se refleja, según afirman, en RD$58,000 millones de 2017 que se incluye en el Presupuesto de 2018 como “disminución de cuentas por pagar”. Parte de ese lastre se debió al impacto de los fenómenos naturales, de las lluvias que afectaron la agropecuaria e impactaron la infraestructura desde finales de 2016.
Entienden que también influyó en el desempeño económico la puesta en vigencia de la Ley 155-17, contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, ya que los mercados dominicanos dependen mucho de transacciones en efectivo que se vieron limitadas.
“Sabemos que casi el 60% de las transacciones de la economía dominicana se realiza en la informalidad y parte de ello viene por el tema del lavado de activos”, dice Selman, quien recuerda que ese delito incluye la evasión fiscal, tanto interna como internacional.
“Muchas personas toman países con un orden institucional débil, donde hay un alto nivel de informalidad, para hacer transacciones, inversiones y República Dominicana es un receptor importante”, dice. “Cuando hablamos de lavado de activos hay tres componentes, podríamos mencionar otros, pero los principales son: narcotráfico, evasión de impuestos local e internacional y de la corrupción”.
Apunta que el inmobiliario se desenvuelve como un sector importante en la economía dominicana, similar al de Panamá, y cuando se ve impactado, como con la Ley 155-17, otros sectores también se resienten.
El Crees ve errada la política del Banco Central de liberar recursos del encaje legal para fomentar el consumo. “Una sociedad que busca crecer en base al endeudamiento público y al crédito fácil y barato se engaña a sí misma”, sentencia Selman. “Lo importante es crear las condiciones para que haya nueva inversión, empleos y riquezas, y pueda mejorarse la calidad de vida de los dominicanos”.
“Hay una inducción al asumir nuevos créditos en la economía, pero se están dirigiendo básicamente al consumo. Entonces, cuando tienes un crédito dirigido al consumo, básicamente de vehículos, electrodomésticos, importaciones, no se si llamarle artificial, pero estás induciendo una actividad económica que no se tenía prevista”, dice.
Un año de incertidumbre
Miguel Collado Di Franco califica 2017 como “un año de mucha incertidumbre en diferentes ámbitos”. Recuerda que el tema de la corrupción, el institucional y el judicial marcaron su inicio. Además de que el país arrastraba problemas institucionales de competitividad, que se reflejan en las exportaciones y su disminución desde 2013, al igual que la inversión total, extranjera y doméstica, como porcentaje del producto interno bruto (PIB).
“Es decir, está la economía dependiendo más del consumo que es un reflejo en gran medida del endeudamiento del Gobierno”. Recuerda que el país tiene una reforma tributaria pendiente desde 2012 cuando se promulgó la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo. “Sin embargo, las autoridades por medio de normas o de los presupuestos están introduciendo modificaciones al sistema tributario”. El economista entiende que la reforma tributaria de Estados Unidos obliga a República Dominicana a producir cambios.
