El Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) concluyó esta semana la visita in situ a la República Dominicana, en el marco del proceso de la IV Ronda de Evaluación que procura determinar el nivel de compromiso asumido por el país frente al lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.
La delegación de Gafilat, encabezada por Marconi Melo, secretario ejecutivo de la entidad, sostuvo reuniones con el presidente del Comité Nacional Contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo (Conclafit), Donald Guerrero Ortiz; la Unidad de Análisis Financiero; representantes de la Procuraduría General de la República, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional; de la Dirección General de Impuestos Internos y la Dirección General de Aduanas.
Concluidas las entrevistas, el equipo evaluador deberá consensuar un informe preliminar que enviará al país aproximadamente en el mes de marzo a los fines de recibir los comentarios de las autoridades dominicanas.
El informe definitivo será presentado a la plenaria de Gafilat en el mes de julio del presente año, cuando el organismo decidirá la calificación final de la República Dominicana y si debe seguir en seguimiento intensificado o en seguimiento técnico, conforme a la efectividad de las políticas, controles y procedimientos que ha establecido para identificar, medir, controlar, mitigar y monitorear el riesgo de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
Sin embargo, no será hasta mediados de 2019, cuando la plenaria del Grupo de Acción Financiera (GAFI), organismo intergubernamental que promueve la aplicación efectiva de medidas legales para combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, decidirá sobre el procedimiento definitivo que se le seguirá al país.
El presidente del Conclafit afirmó que el gobierno dominicano ha asumido un compromiso firme contra el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva que ya arroja una lista de resultados concretos que incluye reformas legales, medidas operativas y la creación de un sistema de coordinación interinstitucional.
La promulgación de la Ley No.155-17 que obliga a los sectores de la economía, que han sido identificados como vulnerables por estándares internacionales, a implementar esquemas de identificación de sus clientes para evitar activos aparentemente legales, pero que en realidad provienen de actividades ilícitas es, sin lugar a dudas, la iniciativa más trascendental del sistema nacional de prevención y mitigación de delitos vinculados al lavado de activos. Sin embargo, no es la única.
Con la entrada en vigencia de los reglamentos de Congelamiento Preventivo, y de Aplicación de la Ley 155-17 contra el Lavado de Activos y Financiamiento al Terrorismo el 16 de noviembre del pasado año empezó a conformarse una estructura normativa que focaliza las acciones del Estado en la disminución de riesgos del lavado de activos y el terrorismo.
El reglamento para la aplicación del congelamiento preventivo de activos financieros y bienes, promulgado con el decreto 407-17, establece procedimientos puntuales para la identificación y aplicación de medidas para el congelamiento de bienes o activos, conforme a lo establecido en las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas 1267 (1999) y 1988 (2011) y sucesivas.
“Esperamos que con el trabajo conjunto de todos los sectores involucrados, incluyendo el Congreso Nacional, los resultados sean acorde con los esfuerzos realizados. No obstante, estaremos presto para trabajar en las correcciones que surjan de los hallazgos del equipo evaluador”, indicó Guerrero Ortiz, quien además es ministro de Hacienda.
Las autoridades dominicanas procuran ser más efectivas en la persecución y la sanción de delitos que lesionan el patrimonio público, los bienes colectivos que el Estado debe tutelar, siempre respetando las garantías procesales y los derechos de los ciudadanos al debido proceso.
De igual modo, a través de la Ley No.249-17, que modifica la legislación del Mercado de Valores, se incorporaron flexibilidades en los plazos y procedimientos para el acceso a la información financiera para la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y la Administración Tributaria para garantizar que esas instituciones estén en condición de cooperar de manera oportuna con otras jurisdicciones en el intercambio de información que reduzca la posibilidad de que delincuentes nacionales e internacionales utilicen el sistema financiero dominicano para ocultar recursos procedentes de actividades ilícitas.
Asimismo, en un esfuerzo sin precedentes junto a otras instituciones, el Conclafit ha impulsado la capacitación de más 1,800 sujetos obligados en esta materia, además de haberse efectuado jornadas de socialización con jueces, representantes del Ministerio Público y asociaciones empresariales, entre otros actores importantes del país.
