Puerto Rico da los primeros pasos para una reforma tributaria con la que el Gobierno, por medio de una rebaja de aportes, quiere frenar una emigración acentuada tras el paso del huracán María que ha reducido en cerca de 200,000 los contribuyentes a la Hacienda local.
El presidente de la Cámara de Representantes, Carlos Méndez, y el de la Comisión de Hacienda de esa entidad, Antonio Soto, anunciaron este lunes el comienzo de un análisis, previo a las vistas públicas sobre el asunto, sobre la reforma tributaria que impulsa el Ejecutivo liderado por Ricardo Rosselló.
El huracán María de septiembre supuso una salida masiva de personas rumbo a Estados Unidos en busca de mejores condiciones de vida, lo que ha provocado para Hacienda una pérdida continuada de contribuyentes que el Ejecutivo trata de compensar con una reducción en lo que los individuos pagan en sus declaraciones sobre ingresos, entre otras medidas.
La reforma tributaria se espera que suponga para individuos y empresas un ahorro más de 3,000 millones de dólares durante los 5 primeros años de su implantación.
En un comunicado, los legisladores indicaron que las vistas se llevarán a cabo para evaluar el Proyecto de la Cámara 1544, el cual busca enmendar la Ley 1-2011, mejor conocida como el Código de Rentas Internas para un Nuevo Puerto Rico, con el objetivo de aliviar la carga contributiva a la población por primera vez en casi una década.
“Es importante que el sector productivo de nuestra isla reciba un alivio en el pago de contribuciones y que aquellos que no están trabajando se motiven a hacerlo sabiendo que su esfuerzo no será penalizado contributivamente”, subrayó Soto.
Las autoridades puertorriqueñas estiman que se han perdido cerca de 200,000 contribuyentes y 10,000 empresas desde que el huracán María arrasó Puerto Rico en septiembre pasado, por lo que el objetivo es recuperarlos por medio de medidas tributarias favorables.
Las medidas incluyen reducir contribuciones a individuos y empresas, reducir y modificar el Impuesto sobre las Ventas y Usos (IVU) y reactivar el Crédito por Ingreso Devengado (EITC, por sus siglas en inglés).
Las reformas tributarias pretenden que cerca de medio millón de contribuyentes no tengan que presentar sus declaraciones sobre ingresos, una apuesta del Gobierno porque más dinero se quede en los bolsillos de los ciudadanos y las empresas.
Las personas que ahora pagan una tasa contributiva en sus declaraciones sobre rendimientos del 7% o inferior con ingresos netos sujetos a tributación de entre 9,001 dólares y 25,000 dólares anuales pasarían a pagar ahora un 1 %.
Los contribuyentes con mayores ingresos que ahora tributan el 33%, quienes ganan más de 61,500 dólares anuales año, pasarían al 29%.
Además, las empresas que tributan a partir del 20% pasarían al 17% y las que lo hacen al 39% ahora lo harían al 29%.
El IVU en sectores como los alimentos se situará en el 7%, se eliminará ese impuesto entre empresas y se regresa a un crédito por trabajo para aumentar la participación laboral, una de las más bajas del mundo.
