Se está volviendo una costumbre leer sobre las incautaciones de dólares en los puertos y aeropuertos dominicanos. ¿A qué se debe que alguien decide traer (o enviar) más de US$10,000 sin declararlos? Aunque lo primero que llega a nuestras mentes es que son producto del narcotráfico, no necesariamente es así.
El lavado de dinero no sólo procede de actividades ilícitas relacionadas con el negocio de sustancias ilegales. Por lo menos US$2.2 millones han sido incautados en los últimos meses por las autoridades al ser descubiertos camuflados en diversos materiales, incluyendo piezas de vehículos y tanques de comida, lo que nos puede dar una idea de que es una práctica muy común.
Sólo hay que buscar y seguro se encontrará más. Si no es producto del narcotráfico, entonces ¿de qué podría ser ese dinero? Hay otras actividades que generan muchos recursos: trata de personas y tráfico de armas son sólo otros de los casos. En esta práctica tampoco se puede descartar la desinformación, aunque, por supuesto, debe ser la excepción.
Ahora bien, luego de estos procesos de incautación y de sometimientos de los involucrados, ¿cómo se trata esto ante la opinión pública? ¿Qué sucede con ese dinero? ¿Por qué no se da un informe detallado? ¿Hay sometimientos reales de los responsables? Aduanas debería tener esto bien claro.
La Ley 155-17 Sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo establece la obligatoriedad de declarar, a la salida e ingreso al país, valores iguales o superiores a US$10,000 o su equivalente en otra moneda o instrumento de valor. El único propósito de declarar los valores es asegurar que no se trata de dinero asociado al crimen.
En nuestro país hemos tenido algunos casos muy sonados, en los que se han visto involucrados personajes de la política y empresariales, pero también gente común. Sin embargo, esta es la hora en la que el país no sabe qué ha sucedido. La transparencia es un activo que beneficia a todos. Repito: a todos.
