La realidad que supone el incremento del acceso al crédito que hoy exhibe la actividad de intermediación financiera en nuestro país, es un reflejo del positivo impacto que ha traído la financiación tanto a las personas, como a la economía misma.
La explicación del éxito de esta realidad puede resultar un tanto contradictoria, esto así, en orden a la profunda intervención que el Estado despliega sobre la actividad bancaria a través de la regulación y supervisión; herramientas estas que por razones de interés general limitan en cierto modo la libertad de empresa proclamada por nuestro texto fundamental, generando que en el ámbito bancario el ejercicio de esta actividad empresarial esté en primer lugar sometido a una previa autorización y, en segundo lugar, a un control por la autoridades sobre el ejercicio de esta actividad.
Y es precisamente dentro del marco de esta intervención en donde podemos encontrar las razones que explican este fenómeno. En efecto, a pesar de que por mandato expreso de nuestra Ley Monetaria y Financiera, las operaciones monetarias y financieras son realizadas en condiciones de libre mercado, no menos cierto es que al margen de la naturaleza de nuestras entidades de intermediación financiera, es decir, Bancos Múltiples, de Ahorro y Crédito, Asociaciones de Ahorro y Crédito y Corporaciones de Crédito, solo podrán hacer las operaciones que de pleno derecho la ley les autoriza, así como también la ejecución de ciertas operaciones previamente autorizadas por las autoridades; teniendo dichas entidades el debido cuidado de no incurrir en una operación prohibida que dispare la exigencia de implementación de un Plan de Regularización.
Habida cuenta del tutelaje ejercido por las autoridades sobre la actividad bancaria, vemos cómo la regulación en base al Principio de Transparencia limita considerablemente la libertad de contratación en la actividad bancaria. En efecto, teniendo ésta como fin principal la protección de los clientes de los servicios bancarios, observamos cómo la regulación impone a los bancos una serie de patrones de conductas con la finalidad de reducir la asimetría de la información que caracteriza esta actividad.
De ahí que, con la estandarización y registro previo de los contratos bancarios por ante la autoridad competente, se tiende a romper el desequilibrio propio de la contratación bancaria, logrando las autoridades con esta intervención que los clientes bancarios, más que decidir la contratación de un producto determinado, acepten el mismo, conscientes de que como resultado de la intervención de las autoridades existe un equilibrio en el tipo de contratación, el cual armoniza los intereses de las partes contratantes mediante la expulsión de cláusulas abusivas en estos contratos.
Es por ello que la transparencia en la actividad bancaria, al tiempo de promover la protección de los usuarios de los servicios bancarios, también contribuye a reducir los errores en las contrataciones propias de esta actividad empresarial, logrando con esto una mayor eficiencia y estabilidad del sistema financiero.
