El tema impositivo siempre será de interés para todos. Cada tipo de contribuyente de forma natural reacciona frente a los cambios en la política impositiva, ya sea que se trate del impuesto directo, como el de la renta, en la que la conducta del trabajador muestra inconformidad al entender que el monto del descuento a su salario es alto, pese a la exención impositiva a los salarios hasta el monto de RD$34,685. Por otro lado, las personas jurídicas que pagan el 27.0%, lo consideran como una variable perturbadora para la competitividad empresarial.
También están los impuestos indirectos, como el del Impuesto sobre Transferencias de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS), de un 18.0%, considerado alto por la población consumidora y entendiéndolo con carácter regresivo, al no discriminar el poder de compra de los asalariados, al momento de requerir y suplir sus necesidades en el mercado.
Entonces, el debate histórico sobre los impuestos sí distorsiona a la economía, haciéndola crecer menos y que la demanda agregada sea inferior, al tiempo de ser menos competitiva; discusión que en la actualidad resurge por la reforma fiscal del presidente de los Estados Unidos, señor Donald Trump, que entre otras disposiciones redujo las tasas impositivas corporativas de un 35.0% a un 20.0% en diciembre de 2017; tratando de evocar a la curva de Laffer de principios de la década de 1980, como forma de hacer expandir la economía.
En investigaciones precedentes realizadas por otros economistas dominicanos, sitúan al multiplicador del gasto público con una incidencia menor que el multiplicador del ingreso tributario sobre el crecimiento del producto interno bruto (PIB) local. Para el primer caso, con un impacto de corto plazo de por cada peso gastado, la economía crece entre el rango 0.15 y 0.30; mientras que el segundo, lo hace a razón de por cada peso de reducción impositiva, el PIB se expande en alrededor de RD$1.50.
Al margen de los grados de inconformidad de las opiniones sobre la política impositiva, lo cierto es que el sector público requiere y demanda de recursos, los que en toda la geografía mundial son fondeados en forma mayoritaria por la figura de los impuestos y, en el caso de República Dominicana, encuentra justificación por las labores mínimas y básicas de todo gobierno, además por la ausencia del sector privado en determinadas áreas de la economía; propiciando por esa vía el carácter de subsidiaridad del Estado en la economía, consignado en el artículo 219 de la Constitución de la República vigente.
Basado en lo dicho precedentemente, el debate sobre los impuestos está relacionado al tamaño de la presión tributaria expresada como proporción del PIB. Para la región de América Latina, el indicador de la presión tributaria se ubica en torno al 22.0%, la de los países que conforman a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) en alrededor de un 34.0%, y Centroamérica ronda el 14.0%.
En el caso de la economía dominicana, la presión tributaria más alta fue alcanzada en el 2007, cuando se posicionó en un 16.0% del PIB, seguido del 2006 y el 2008 con un 15.0%; y al finalizar el 2017 se ha situado en un 13.8%; colocándose próximo al resultado del 2012 de un 13.5%. El comportamiento de la presión tributaria podría sugerir una especie de ilusión tributaria, en cuanto a considerar que los contribuyentes estarían pagando menos impuestos en el presente que en el pasado.
Conviene señalar que el ejercicio comparativo de la presión tributaria entre países, no necesariamente es recomendable, en virtud de las distintas características de cada economía, en lo relativo a sus composiciones de los sectores formales e informales dentro del tamaño del PIB y la alta vocación que tiene la informalidad de la actividad económica a no tributar.
Al examinar la presión tributaria en forma más exigente, encontramos que es superior en cualquier economía si se le descuenta la informalidad al tamaño del PIB. En el caso dominicano, la informalidad como aporte al PIB ronda el 35.0%, lo que haría ubicar a la presión tributaria en un 21.2% del PIB: un 7.4% superior a la generalmente aceptada; una razón que podría arrojar algún nivel de explicación en cuanto a la alta carga impositiva que aducen padecer los ciudadanos contribuyentes.
Auscultando aún más acerca del impacto impositivo sobre la economía dominicana, investigando los impuestos por persona trabajando, encontramos que para el 2007 fue de RD$63,154, mientras que para el 2017 alcanzó los RD$114,397, equivalente a una tasa de crecimiento de un 81.2% en una década. Al cruzar el referido indicador con la presión tributaria, permite arrojar detalles que podrían explicar que la aludida ilusión tributaria no es tal y que, por el contrario, la población dominicana paga hoy más impuestos que ayer en términos nominales.
En cuanto a la estructura impositiva dominicana, tiene un carácter mayormente regresivo y con ausencia de movimientos importantes, al prevalecer los impuestos indirectos sobre los directos, en una composición que ronda el 55.0% y el 45.0%, respectivamente, al cierre del 2017. Esta naturaleza de la composición impositiva dominicana sugiere de alguna forma una inequidad tributaria, al no considerar la capacidad tributaria de los contribuyentes, contraviniendo lo dispuesto por el artículo 243, de la Constitución de la República, que establece los principios del régimen tributario.
Otro de los aspectos relevantes del impacto de los impuestos sobre la economía dominicana, lo suministran las estadísticas territoriales provenientes del domicilio fiscal del contribuyente, las que conforme al Boletín Estadístico Territorial que elabora y publica la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), mostrando una elevada concentración geográfica en todas las clasificaciones identificadas.
Los datos que provee la DGII son representativos, dado que de las tres entidades públicas que recaudan: el 72.0% le corresponde a la DGII, el 21.5% a la Dirección General de Aduanas y el 6.5% a la Tesorería Nacional.
Del total recaudado por la DGII, alrededor del 79.0% corresponde del Distrito Nacional (DN); el 8.0% a Santo Domingo (SD), casi el 4.0% a Santiago y el 9.0% que resta a las demás demarcaciones provinciales del país; advirtiéndose una clara concentración geográfica de la recaudación tributaria nacional. Al cruzar la referida información con la localización de la población, encontramos que en el DN reside alrededor del 32.0%, en SD el 22.0% y en Santiago el 11.0%; lo que sugiere que la distribución geográfica de la población no se corresponde con el alto grado de concentración tributaria.
En lo relativo a los impuestos directos, también se observa una alta concentración de la recaudación de los tributos, al liderar el DN la participación dentro del total con 77.0%, seguido de SD con algo más del 9.0% y, en tercer lugar, Santiago con una cifra que ronda el 4.5%.
Donde la concentración geográfica tributaria muestra algunos cambios es en los impuestos indirectos, pues aunque el DN y SD continúan liderando la referida concentración con casi un 80.0% y un 7.0% del total, respectivamente; la provincia La Altagracia ocupa el tercer lugar con un valor cercano al 4.0%, seguido de Puerto Plata con algo más del 3.0%.
En lo concerniente a los sectores económicos que más tributan en República Dominicana, encontramos que lo lidera el sector servicios con un 68.3%, seguido de la industria con un 31. % y, en tercer lugar, la agropecuaria con apenas el 0.4% del total recaudado.
La referida concentración tributaria permite sustentar el alto agrupamiento geográfico y sectorial de la actividad económica, en cuatro demarcaciones del territorio nacional y básicamente en dos sectores; representando un desafío para las políticas públicas en términos de integración productiva formal.
