Aunque es poco conocida, República Dominicana cuenta con una ley (488-08) que establece un régimen de promoción, desarrollo y de fomento de la competitividad para las medianas y pequeñas empresas (Mipymes). Según algunas estimaciones, las Mipymes aportan aproximadamente 40% de la producción nacional y generan más de 2.5 millones de empleos, por lo que constituyen un pilar esencial para el desarrollo nacional.
La ley crea un marco regulatorio para promover el fortalecimiento competitivo de las Mipymes. Con la finalidad de dar seguimiento y ser responsable de su administración, control y aplicación, dicha ley creó el Consejo Nacional de Promoción de las Mipymes.
Para ser consideradas como Mipymes, las empresas pueden tener desde 1 hasta 200 empleados, y sus ventas anuales pueden ascender a hasta RD$150 millones. Es menester hacer hincapié en el hecho de que para acceder a los beneficios de la ley, la Mipymes debe estar al día con sus obligaciones tributarias, debe haber cumplido con el deber de formalización (de hecho o derecho), y debe estar en pleno cumplimiento de sus obligaciones laborales.
Entre las finalidades de la ley, se establece el propósito de reducir los trámites burocráticos, por lo que el Consejo Nacional Promipymes promoverá ventanillas únicas en coordinación con varias entidades del Estado. Otro elemento positivo es el requerimiento de que las instituciones del Estado promuevan y apoyen la participación de las Mipymes en las licitaciones que emanen de la administración pública, proponiendo la preferencia de las ofertas nacionales de dichas empresas. Asimismo, Promipymes debe establecer mecanismos de certificación y asesoría en calidad para suplir las necesidades de las Mipymes, garantizándoles oportunidades de competir en mercados internacionales.
Promipymes tiene otras funciones, entre las cuales se puede resaltar el manejo y Administración del Fondo para las Mipymes, con el objetivo de promover el financiamiento a dichas empresas. Asimismo, el Promipymes tiene un mandato de coordinar el establecimiento de un marco impositivo adecuado a las Mipymes, especialmente los nuevos negocios, a través del diseño e implementación de un régimen simplificado de pago que reduzca las dificultades y costos que enfrentan las Mipymes para pagar impuestos.
La Ley 488-08 establece un marco regulatorio favorable para el crecimiento de las Mipymes y los empleos que éstas crean. Debemos exigir que el Estado retome la plena aplicación de dicha ley para que las Mipymes puedan captar los beneficios de la misma, y de esta manera mejorar la competitividad de nuestra economía y promover al desarrollo social.
