Las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) necesitan acompañamiento por parte del Gobierno para facilitar el cumplimiento de la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos el Financiamiento del Terrorismo y disminuir los costos de los requisitos que establece.
El tema fue tratado durante el panel titulado “El Sector No Financiero en materia de prevención del lavado de activos y el financiamiento al terrorismo: Mitos, Avances y Retos” por especialistas nacionales e internacionales en materia de prevención de lavado de activos.
Francisco Álvarez, socio fundador de Headrick Rizik Álvarez y Fernández, aseguró que ese acompañamiento es indispensable para evitar que las Mipymes desaparezcan.
“La supervisión es obligatoria el Gobierno va a tener que supervisar. Tenemos que buscar acompañamiento que nos ayude a cumplir para que cuando nos evalúen como país podamos aprobar esa evaluación y evitar las consecuencias”, manifestó.
Álvarez explicó que si República Dominicana no aprueba la evaluación relacionada al cumplimiento de la ley de lavado de activos las consecuencias van desde la disminución de la inversión extranjera hasta el encarecimiento del endeudamiento.
En tanto que María Gatón, presidenta de la Asociación Dominicana de Constructores y Promotores de la Vivienda (Acoprovi), aseguró que el sector construcción ha sido el de mayor crecimiento este año, con un promedio de 13.3%.
El panel incluyó la participación de los panelistas Gabriel Cuomo, ex vicepresidente de la Unidad de Información Financiera de Argentina; Claudia Álvarez, Socia Directora de Ethtiek CSR Group; así como Heiromy Castro, socio director de BST Global Consulting.
También participaron en el panel, Milcíades Rodríguez, socio fundador de DR&R Abogados y Consultores; Roberto Mella Cohn, Socio Fundador de RMC – Risk Management and Compliance; y Ruth de los Santos, directora general de Política y Legislación Tributaria del Ministerio de Hacienda.
Los participantes expusieron diversos temas que ocurren a lo interno de las empresas del sector no financiero, muchas de las cuales han tenido que adaptarse a las reglamentaciones de la nueva ley vigente en país en materia de lavado de activos.
