[dropcap]E[/dropcap]l Gobierno ha hecho su parte. Hay que reconocer que ha puesto a valer la Ley. La rebaja que ha aplicado a los combustibles durante las últimas 22 semanas es una muestra de que “cuando bajan, bajan, y que cuando suben, suben”. Lo que ha sucedido con la cotización del petróleo en los mercados internacionales, cuyo precio ha caído por debajo de los US$70 el barril, es lo que se ha reflejado en el mercado interno.
En las últimas 22 semanas la gasolina prémium registra un descenso acumulado de RD$50.20 por galón; la gasolina regular RD$44.00; el gasoil prémium RD$41.70 y el gasoil regular RD$38.80. No hay explicación lógica que explique por qué los choferes del transporte público y los que transportan mercancías de los puertos y productos desde los centros de producción no hayan aplicado rebajas en esta misma proporción.
Aquí queda demostrado que los cárteles sólo funcionan para beneficio de sí mismos y no para la colectividad.
La Asociación de Industrias (AIRD) ha pegado el grito al cielo respecto a la forma en que se maneja el transporte de carga en República Dominicana. Lo mismo lo han hecho los comerciantes almacenistas, de mercados y los que tienen cadenas al detalle. Aquí también debería funcionar el gobierno, en hacer valor el derecho que tiene la población a recibir servicios de calidad y un costo justo.
Es inconvencible que los empresarios del transporte, los cuales reciben más de cuatro millones de galones de combustible subsidiado, no apliquen una sustancial reducción en los precios del pasaje y de los fletes. Esto sin duda sería predicar con el ejemplo, como lo ha hecho el gobierno a través del Ministerio de Industria y Comercio.
Este respiro que han recibido los transportistas también lo están recibiendo los industriales, incluyendo las empresas eléctricas, lo que también deberá reflejarse en los costos de los bienes y servicios que ofrecen al pueblo. Predicar con el ejemplo debería ser un compromiso que vaya más allá de las reglas del mercado, hablando de oferta y demanda.
Industria y Comercio debería juntar a los líderes del transporte sobre la base de un compromiso serio, responsable y transparente en lo que compete al precio de los fletes y del pasaje. Las condiciones actuales no justifican un subsidio al combustible que recibe el sector transporte, pues la población no se está beneficiando.
El único subsidio que se ha demostrado que funciona es el que el Estado entrega a través del Metro de Santo Domingo, pues este sí lo reciben los usuarios más pobres y no el que sí recibe un grupo de comerciantes y empresarios del transporte, el cual, muchas veces, llega a centros no autorizados de venta de combustible.
El Gobierno debe tomarse este tema en serio y no permitir que predomine el chantaje de los transportistas.
