Por Franklin Vásquez
Melanio Paredes, secretario de Educación, y probablemente la mejor designación del presidente Leonel Fernández Reyna en agosto pasado, acaba de afirmar que aspira a obtener un 2.5% del Producto Interno Bruto (PIB) como asignación presupuestaria para el 2009 (Listín Diario, 31 de octubre de 2008).
Las reacciones a esta afirmación no se hicieron esperar, sobre todo porque desde que se aprobó la Ley 66-97 que regula la Educación (Inicial, Básica y Media) en República Dominicana, se han librado diferentes luchas para que los gobiernos de turno cumplan con el artículo 197 de dicha ley, que plantea que “El gasto público anual en educación debe alcanzar en un período de dos años, a partir de la promulgación de la ley, un mínimo de un dieciséis por ciento (16%), del gasto público total o un cuatro porciento (4%) del producto interno bruto (PIB) estimado para el año corriente, escogiéndose el que fuera mayor de los dos…”.
Los argumentos del secretario de Educación van en la línea de que aspirar a un incremento de un 100% en el presupuesto de esa cartera, bajo las circunstancias internacionales actuales, es prácticamente imposible, y que duplicar los ingresos de esta Secretaría, significaría un desperdicio de recursos. Y tiene razón Paredes, sobre todo porque muchos funcionarios están acostumbrados a pedir recursos al gobierno sin saber que hacer con ellos y, en última instancia, terminan derrochándolo e invirtiéndolo en áreas que no tienen ningún retorno en el orden social.
Y esto también es coherente con lo que está planteado en el Plan Decenal de Educación 2008-2018, en el cual se establece que para el período escolar 2012-2013, el gasto en educación como porcentaje del PIB será de un 4.24%, no para el 2009.
Es decir, que los diferentes actores del sistema, incluyendo a la Asociación Dominicana de Profesores (ADP), quienes apoyaron y participaron en la elaboración de este plan, están conscientes de que la dotación de los recursos necesarios para impulsar la educación dominicana no puede ser de un año a otro, pues esto ocasionaría más problemas que soluciones. Y no es que no exista en el sector educativo la cantidad de problemas que justifique un aumento en la inversión, sino que es conveniente dar pasos certeros sobre estos problemas, identificarlos, planificar su solución y disponer el gasto para las ejecutorias.
Las prioridades son muchas y la deuda acumulada con el sector educativo es enorme, pero pasar de administrar un presupuesto de 30,000 millones en un año, a administrar uno de 60,000 millones en el próximo año, sería sencillamente una locura.
El análisis de los datos del Plan Decenal de Educación 2008-2018 indican que durante los últimos diez años el promedio de gasto de la SEE como porcentaje del PIB ha sido de un 2.04%, en tanto que el promedio del gasto en educación, también como porcentaje del PIB, y para el mismo período, fue de 2.34%.
Llegar a un 4% del PIB implicaría una cantidad de recursos que, coincidiendo con Paredes, no se encontraría en donde invertirla de manera inmediata, aún con los múltiples problemas que, por décadas, ha venido enfrentando la educación dominicana. Como dice Ramón Flores, “pasar del 2.0% del PIB al 4% o 5% es una tarea descomunal.
Primero, un sistema acostumbrado a operar con pocos recursos tiene que aprender gradualmente a gastar más y mejor o se descarrila. Segundo, para incrementar el gasto en educación medido como porcentaje del PIB hay que cobrar más impuestos o reducir los porcentajes del PIB ya asignados a otros sectores o actividades”. Y las prioridades nacionales son muchas, sino pregúntele al sector eléctrico y al sector salud.
Reconozco, sin embargo, que estamos muy lejos del promedio regional, y muy lejos también de acercarnos a lo que invierten países como Costa Rica y Cuba, por sólo mencionar los casos que son ejemplos en región. Pero estos países no llegaron a estar en donde están, en términos educativos, de un año a otro, sino que fue un proceso planificado y ejecutado durante varios años.
Finalmente, entiendo que una actitud inteligente por parte de la ADP, y de los demás actores del sistema educativo dominicano, es impulsar una campaña para que el Congreso de la República apruebe el Presupuesto de Ingresos y Ley de Gastos Públicos del 2009, con el 2.61% del PIB para la SEE, tal y como lo establece el Plan Decenal de Educación 2008-2018.
Sé que muchas veces pedimos el cuatro para, al final, negociar el 2. En este caso, sugiero pelear por el 2.61% que es el que el propio gobierno ha definido para el 2009, y que implicaría una buena cantidad de recursos adicionales para la Secretaria de Estado de Educación. Y esta tarea no sería tan difícil.
