Constantemente analistas nacionales, así como representantes de organismos internacionales, evalúan la deuda pública dominicana, tanto de los compromisos internos como de los externos. La preocupación principal es que esa deuda es cada vez más alta en proporción con el producto interno bruto (PIB), al punto de que ya está muy por encima de los niveles aceptables (50% del PIB es la deuda consolidada).
Uno de los aspectos a tomar en cuenta es la forma en que la deuda pública ha ido variando en referencia a los acreedores.
Por ejemplo, hace apenas cinco años, el 37% de la deuda externa del país era con organismos multilaterales como el Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Fondo Monetario Internacional (FMI) y otros. Actualmente, a octubre de este año, esos acreedores son apenas el 24.5% del total de deuda externa del país.
En tanto que el 59.5% de nuestras acreencias hace cinco años eran bilaterales (con Brasil, Estados Unidos, España, Japón, Venezuela y otros países). En este momento, la deuda bilateral es de 40.7%.
Sin embargo, la deuda con acreedores privados (bonos soberanos y banca internacional), que en 2010 era el 21.4% de nuestras acreencias, hoy día es el 34.7%.
El hecho de que el Gobierno dominicano haya incrementado considerablemente la deuda externa con acreedores privados en lugar de organismos multilaterales y gobiernos amigos puede interpretarse de diversas formas, pero no hay dudas de que la principal razón es la evasión de exigencias de orden interno y la intención de obtener dinero rápido y con pocas condicionalidades, aunque realmente más costoso.
Cuando el Gobierno asume compromisos de deuda con organismos multilaterales, debe cumplir una serie de requisitos relativos a la transparencia, reducción de la corrupción, uso efectivo y definido de los recursos que recibirá, entre otros.
Lo mismo ocurre en gran media con la deuda bilateral, ya que los gobiernos amigos prestan a otros Estados con definiciones específicas del destino que tendrán los recursos. En el caso de nuestra deuda bilateral, se conjugan estos aspectos: el primero es que en 2010 era el 59.5% (US$4,073 millones) y de esa cantidad el 45.4% era de Venezuela por el PetroCaribe. A octubre de este año el 40.7% de la deuda externa bilateral asciende a US$6,372.9 millones y de ese monto, el 65% corresponde al PetroCaribe.
Pero cuando se contrae deuda externa privada con la emisión de bonos soberanos, no existe ninguna condicionante de parte del acreedor, más que el compromiso de que le paguen sus intereses y su capital al cumplimiento de los plazos.
Esto quiere decir que para el Gobierno resulta mucho más cómodo, aunque también mucho más costoso, endeudarse con la emisión de bonos soberanos externos, al igual que internos, en lugar de asumir compromisos de buena gobernabilidad con organismos multilaterales al momento de contratar deuda.
Sin embargo, se deja de lado el grave hecho de que la deuda externa emitida en bonos soberanos cobra intereses que duplican los que se pagan a los acreedores multilaterales y hasta triplican los que se pagan a nuestros prestamistas bilaterales en las condiciones actuales.
La tendencia se viene produciendo desde hace años y va en crecimiento, lo cual no resulta para nada positivo, pues se traduce en mayor endeudamiento, a un costo más elevado y sin los más mínimos límites de control interno requeridos por los organismos multilaterales que como el BID, el BM y el FMI, entre otros, están creados para tales fines.
Incluso, el descontrol del endeudamiento público ha llegado a niveles tales, que son los propios organismos multilaterales los que en ocasiones se han negado a concedernos préstamos o partidas en forma de donaciones, debido al deterioro que muestra el país en los indicadores de lucha contra la corrupción, de transparencia gubernamental y de otros aspectos relativos con la ética y la buena gobernabilidad. De seguir así, no vamos bien.
