La palabra perversidad es muy fuerte y significa que se hace con maldad, consciente del mal y hasta disfrutando del mismo, tal como sucede con la mayoría de las violaciones a las normas de tránsito que producen una gran cantidad de accidentes, con muchos muertos y heridos y pérdidas de bienes, afectando en gran medida a los más pobres e incrementando la de su entorno.
En el Centro Asistencial al Automovilista se producen más de 3,800 actas de accidentes cada mes, de 300,000 afiliados o asegurados con un parque vehicular de 4.3 millones de unidades; o sea, no pasa del 10%, por lo que si los vehículos asegurados producen una media mensual de 4,500 accidentes, que en su mayoría son indemnizados por las aseguradoras, tenemos que más de 5,000 accidentes no obtienen ese servicio, ni la indemnización, teniendo que malpasar para sobrevivir, a pesar de que la ley obliga a cubrir a los vehículos para que respondan a esa responsabilidad.
Aquí está parte de la aberración social, cuando el Estado permite que 2,900,000 vehículos transiten en las calles sin seguros y una buena parte sin identificación, en violación a la Ley 63-17, sobre Movilidad, Transporte Terrestre, Tránsito y Seguridad Vial, y no tengamos la voluntad ni siquiera demagógica de diseñar una política estratégica para ir terminando con este inconveniente que hunde en la pobreza a una gran cantidad de hogares dominicanos.
La primera gran tragedia de los dominicanos son las motocicletas, que ya tenemos circulando en nuestras calles más de 2.3 millones, sin contar las que ensamblan en patios, por la falta de vigilancia y previsión de algunas importaciones, y apenas podemos decir que tienen cobertura para respaldar los daños que producen menos del 10%, que son los que pertenecen a las empresas para sus servicios de mensajería. ¿Dónde está la responsabilidad del Estado con los ciudadanos afectados?
Y lo más grave aún, es que estos artefactos se mueven en nuestras calles, avenidas y carreteras de todo el país, como “chivos sin ley”, sin consecuencias. No tienen luces, no respetan a los peatones, no respetan las leyes, no tienen identificación y las autoridades no existen para ellos, y como consecuencia de todas estas aberraciones y perversidades, más del 70% de todos los accidentes del país que afectan en gran medida a las familias más pobres, y todos sabemos que significa eso. Nuestros hospitales están abarrotados de lesionados y las funerarias de velas encendidas que oscurecen más a los sobrevivientes, que deben cargar con 23 mil personas minusválidas por accidentes tránsito.
Los políticos, desde el Ejecutivo hasta los ministros y alcaldes, entienden que esos dos millones de motoristas son votos y por tanto cualquier regulación afecta su popularidad, y los empresarios, instituciones y sociedad civil, entienden que sus familias no aportan los muertos, y en esa divagaciones, por demás perversas, también nadie plantea soluciones, y solo vemos de vez en cuando a DIGESSETT deteniendo motoristas en las principales vías, que en nada impacta la mala práctica de la generalidad.
Ya es tiempo de que este problema pase a ocupar un espacio en la agenda de todos. Es peor que la corrupción, porque produce más muertos y heridos, y también es parte de la falta de autoridad del gobierno y los ayuntamientos, por no asumir sus responsabilidades, mientras el campo de batalla se llena de sangre y muertos inocentes.
