El presidente panameño, Juan Carlos Varela, vetó de manera parcial un proyecto de ley que establece nuevos impuestos para pagar un aumento a los pensionados y jubilados, informó este miércoles la Secretaría de Comunicación del Estado.
El proyecto de ley 631, aprobado por la Asamblea Nacional de Panamá el pasado 17 de octubre, fue objetado parcialmente por Varela por considerar inconveniente e inexequibles cuatro de sus artículos, y lo remitió al Órgano Legislativo para su discusión en las sesiones extraordinarias que actualmente desarrolla.
Las fuentes de financiación para estos aumentos contempladas en el proyecto motivaron en parte las razones del Ejecutivo para su veto parcial.
Aún así, el Gobierno anunció que una Comisión de Alto Nivel “trabaja en una fórmula económica responsable y sostenible para dar respuesta a las justas aspiraciones de los jubilados y pensionados”.
La Comisión de Alto Nivel está integrada por los viceministros de la Presidencia, Francisco Artola; y de Economía y Finanzas, Gustavo Valderrama.
“Esta Comisión de Alto Nivel reitera la reunión anunciada para este viernes 7 de diciembre donde se evaluarán opciones de nuevas fuentes de financiamiento que no afecten otros sectores de la economía del país”, según la información oficial.
Los jubilados se han manifestado por la aprobación del proyecto de ley, solicitando a Varela que no lo vete como lo piden gremios empresariales por sus posibles efectos sobre la economía.
Franklin Ortiz, vocero de los jubilados, dijo a los periodistas que esperaba se diera este veto por que se venía diciendo, pero expresó que aparte de seguir luchando por el aumento están abiertos al diálogo y a la reunión del viernes con el Gobierno.
El proyecto de Ley 631 establece un aumento de entre 35 a 60 dólares a los jubilados y pensionados de la Caja de Seguro Social (CSS), a partir del 1 de enero de 2019.
El aumento cubre a los jubilados que reciben pensiones de entre 500 a 1,500 dólares mensuales.
La tabla propuesta por la AN contempla 60 dólares de aumento a los que reciben una pensión de 500 hacia abajo; 45 dólares a los que cobran entre 501 y 1,000 dólares; y 35 dólares a los que reciben entre 1,001 hasta 1,500 dólares.
Las fuentes de financiación para obtener este aumento provendrán del 7% del monto de las remesas enviadas al exterior; el 5% de las ganancias netas anuales de máquinas tragamonedas y centros de apuestas en casinos y salas de juego.
Establece además que de lo recaudado en el impuesto selectivo al consumo de cervezas, un 20 por ciento irá al programa de Invalidez, Vejez y Muerte de la CSS que sostiene el pago de las pensiones a los jubilados; el 5 por ciento al Instituto Panameño de Deportes, otro 5 por ciento al Instituto de Salud Mental para el Centro de Estudio y Tratamiento de Adicciones; y otro 20 por ciento a los aumentos establecidos en esta Ley.
La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas (Apede) ha criticado con dureza a la AN por la aprobación de esta iniciativa, y pidió a Varela que la vetara.
La Apede dijo el pasado 19 de octubre en una declaración pública que considera “imprudente” que el Parlamento legislara sobre una materia “tan relevante como la elevación de la carga impositiva, sin un proceso de consulta o análisis profundo que determinara los efectos sobre el conjunto de la economía de estos aumentos”.
“La forma apresurada como se aprobó el proyecto nos hace reflexionar si el objetivo final por parte de los diputados es solo recuperar el beneplácito del electorado ante lo inminente del proceso electoral y sus aspiraciones reeleccionistas”, indicó el gremio empresarial
Panamá celebrará comicios generales en mayo de 2019 y una campaña de la sociedad civil pide la “no reelección” de los legisladores.
La Apede afirmó que las “repercusiones del proyecto pueden ser devastadoras” para la economía panameña.
