El inicio de cada año nos concede la oportunidad tanto para reflexionar sobre el año pasado, como para fijar nuestras aspiraciones y metas para el venidero. Fijarnos metas para el año es un ejercicio positivo, ya que nos permite enfocar nuestros esfuerzos sobre los temas de mayor relevancia para nuestro desarrollo, tanto a nivel personal como de país.
Este 2019 arranca con el proceso de selección y evaluación de los jueces de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) de parte del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM). Nuestra mayor aspiración es que este proceso se lleve a cabo de manera diáfana, con un reglamento de evaluación claro y preciso y que, por ende, culmine con la selección de nuevos jueces para la SCJ (o la ratificación de aquellos que puedan optar por permanecer en sus cargos) aceptados por la sociedad.
La importancia que reviste el proceso se debe a que la SCJ es el máximo órgano del Poder Judicial de nuestro país y decide en última instancia todos los recursos judiciales. La SCJ traza pautas para todo el aparato judicial, por lo que no solo desde una óptica técnico-legal es importante, sino que también desde este órgano emana el “tono” de la judicatura, por lo cual esperemos sea reafianzada la independencia de dicho poder.
También aspiramos a que importantes anteproyectos de ley sean conocidos y consensuados en el Congreso Nacional. En este sentido, el anteproyecto de ley de garantías mobiliarias es una de las más importantes metas que debemos impulsar en este año, ya que la misma vendría a modernizar nuestro anticuado sistema de garantías, lo que fomentaría el crédito y el emprendimiento.
Asimismo, la modificación de la ley de notarios para corregir los errores en la misma es también de vital importancia, ya que ha sido utilizada para fomentar malas prácticas debido a sus fallas. Por igual, el estudio de aprobación del nuevo Código de Procedimiento Civil y Código Civil vendrían a modernizar nuestro sistema legal, ya que las disposiciones vigentes datan de la Era Napoleónica y merecen ser ponderados.
Finalmente, también quedan tareas en el Poder Ejecutivo, como la promulgación del reglamento de la Ley de Defensa de la Competencia. Este reglamento ha sido esperado desde la entrada en vigencia de la ley hace dos años y se requiere para asegurar que la ley, la cual incide en casi todos los sectores productivos de la vida nacional, sea aplicada de manera consistente.
