República Dominicana viene acumulando déficits fiscales durante los últimos 20 años. La economía ha demostrado una capacidad de resistencia impresionante si se toma en cuenta que nadie resiste tanto tiempo gastando más de lo que genera como ingresos. Esta situación, por supuesto, se ha mantenido sobre la base de la emisión de deuda, que con el pasar de los años ha ido en aumento.
Sólo la irresponsabilidad de quienes deben tomar las decisiones correctas, específicamente en cuanto a impulsar el aparato productivo y no la máquina de cubrir déficits con deuda, puede explicar lo que ha sucedido en las finanzas del Estado.
Mucho se ha dicho de que “esto es hasta un día”. La irresponsabilidad, por supuesto, es compartida. Por un lado están las autoridades de los últimos 25 años que no han tomado los correctivos de lugar para evitar que el hueco fiscal y financiero (incluyendo el cuasi fiscal) siga ensanchándose. Por el otro están los ciudadanos, algunos bañados por la ignorancia y otros por el oportunismo, que no han entendido que recibir servicios de calidad requiere, al mismo tiempo, pagar impuestos.
¿Qué hacen los administradores del Estado con los ingresos por concepto de impuestos? Es la otra pregunta que debe responderse. Mientras tanto, cuando hay una ciudadanía comprometida, es decir, empresarios, gente común, organizaciones políticas y gobernantes, las cosas pueden funcionar mejor.
El país ha logrado un desarrollo económico caracterizado por la inequidad, aunque esto pueda generar sentimientos y opiniones encontradas. Las oportunidades de desarrollo verdadero, aquel que mejora la calidad de vida de las personas, aún es tarea pendiente en República Dominicana.
Los que tienen el poder de tomar decisiones están obligados, por circunstancias históricas, a ser responsables. De nada vale mostrar que el valor agregado a la economía es cada vez mayor si en esencia no se nota en los seres humanos.
El desarrollo equitativo, partiendo de un pacto por el desarrollo y el equilibrio fiscal, siempre será beneficioso para todos. Cuando los ciudadanos, es decir, el mercado, tienen mayor capacidad de consumo, en ese mismo orden el Estado, actuando con transparencia, recauda más y, en consecuencia, está en capacidad de garantizar una sociedad más equilibrada.
