El gobierno dominicano ha declarado el 2019 como “Año de la innovación y la competitividad”, bajo la premisa de que lo que se busca es facilitar el comercio, simplificar las regulaciones que norman la vida de los agentes económicos, optimizar los procesos productivos, internacionalizar a las Mipymes, aumentar las exportaciones, profundizar las alianzas público-privadas, entre otros objetivos.
Según los argumentos, todo esto debe lograrse en un contexto de estabilidad macroeconómica, crecimiento sostenido y seguridad jurídica. Desde el punto de vista de la intención, es preciso felicitar a las autoridades inquilinas del palacio presidencial por la decisión, pero desde la óptica de lo realmente posible, no moriremos de espanto con lo que realmente vaya a ocurrir.
La premonición no es arriesgada ni una osadía, basta con observar lo que ha pasado con la implementación de la Estrategia Nacional de Desarrollo (END), a la que el mismo decreto 453-18 hace referencia, para no abrigar grandes esperanzas ni crear falsas expectativas. Por ejemplo, el Eje Estratégico 3 de la END habla de que se procura una “economía sostenible, integradora y competitiva”, pero para ello no solo basta con fortalecer el sistema nacional de ciencia, tecnología e innovación, tal y como se refiere en el mencionado decreto, sino que también es necesario impulsar una reforma fiscal integral para garantizar la sostenibilidad de largo plazo de las finanzas públicas (Línea de Acción 3.1.1.2 de la END), así como “elevar la calidad del gasto público, asignando prioridad a la dimensión social del desarrollo humano…” (3.1.2.2) e “Impulsar un Estado pro-competitivo que reduzca los costos, trámites y tiempos de transacciones y autorizaciones, y elimine la duplicidad de instituciones y funciones” (3.3.1.1).
Y es que debe quedar claro que la fuente de la innovación y la competitividad está en el ámbito privado, particularmente en los centros de investigación de las universidades y en las empresas, y que el gobierno del Estado lo que debe es propiciar el ambiente propicio para que los sectores productivos ejerzan su función de creación de bienestar (Garelli, 2007, citado por el Institute for Management and Development), y realizar las reformas estructurales que hagan también a las instituciones públicas igualmente competitivas.
Otro elemento importante a destacar es que la innovación, al igual que la competitividad, es un proceso y no un breve período en el que se puede o no ser innovador y competitivo. Por eso, para este tema se debe mirar el largo plazo y pensar en la necesidad de articular programas, proyectos e iniciativas de fomento a la innovación y la competitividad, que vayan en la misma dirección, hablen el mismo lenguaje y cuenten con los recursos suficientes para implementar las acciones conforme a los objetivos. De otra manera, el país no pasará de tener un crecimiento alto y sostenido que se conjuga, según la Cepal, con un incremento en la desigualdad social y en la pobreza extrema.
