De acuerdo con los cálculos realizados por el Ministerio de Hacienda a través de sus diversas dependencias, para este año el Gobierno registrará gastos tributarios por el orden de los RD$220,000 millones.
Para que se tenga una idea, el término gastos tributarios se refiere a las exenciones fiscales que el Estado concede a personas físicas y empresas al no cobrarles impuestos por determinados bienes y servicios que producen y/o consumen.
En efecto, se estima que el 52% de las exenciones fiscales este año corresponde a exoneraciones del Impuesto a la Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS), es decir, bienes y servicios que no están gravados con ese tributo.
Si consideramos que las exenciones al ITBIS benefician directamente a los consumidores finales, entonces, debemos concluir que lo más conveniente sería no quitar esas exenciones, pues de lo contrario se estarían gravando con ese impuesto servicios como la salud, educación, energía eléctrica, alimentos básicos y otros bienes.
Pero sobre el restante 48% de exenciones, es decir, el equivalente a RD$105,600 millones, se podrían hacer algunas revisiones en procura de determinar qué tan factible resulta para el Estado conceder esas facilidades a sectores como las zonas francas, turismo, empresas fronterizas, industrias determinadas, generadores de electricidad y otros.
Las exenciones fiscales por lo regular se conceden a determinados sectores por un tiempo determinado en procura de que puedan operar con mejores niveles de competitividad y así mantenerse en el mercado produciendo, generando empleos, exportando u ofreciendo servicios para generar divisas y a la vez contribuir con el desarrollo económico propio y del país en sentido general.
Pero esas exenciones deben ser reguladas, supervisadas, deben tener un seguimiento del Estado para determinar, primero, si el sector beneficiario ha cumplido con lo que se ha comprometido a cambio de recibirlas y, segundo, ver si las empresas que las reciben utilizan ese ahorro para hacer las reinversiones que les ayuden a ser competitivas en el futuro.
Se dan casos en nuestro país de empresas que están exoneradas del impuesto sobre la renta (ISR), las cuales anuncian que se van a instalar en el país, que van a invertir una cantidad específica de dólares, que van a generar una cantidad específica de empleos, que van a producir una cantidad específica de bienes y que van a generar divisas por una cantidad específica gracias a sus exportaciones.
Esas empresas se instalan y al cabo de cuatro o cinco años continúa recibiendo sus exenciones, es decir, siguen libres del pago del ISR, pero resulta que al cabo de ese tiempo no están generando la cantidad de empleos a los que se comprometieron, no invirtieron el monto que dijeron que invertirían y tampoco está produciendo ni generando divisas en los niveles prometidos.
Sin embargo, la autoridad estatal no se ocupa de hacer esas auditorías, de comprobar esas situaciones ni de eliminarle las exenciones por incumplimiento. Por el contrario, continúan exonerándoles impuestos sin ningún control.
También se dan casos de empresarios que tienen dos tipos de empresas, una con exenciones y otra sin exenciones. Entonces, cada vez que va a importar algún producto, maquinaria, vehículo y hasta artículo para el hogar, le carga el recibo a su empresa beneficiaria de exenciones para no pagar los impuestos de esos productos que deben ser gravados, pues en realidad no van para la empresa beneficiaria de las exenciones. Esa es una distorsión muy común en el país.
Por último, están las empresas que por leyes especiales son beneficiarias de exenciones fiscales durante un tiempo determinado, a los fines de que esa facilidad permita a las empresas realizar las inversiones necesarias para convertirse en competitivas al cabo de ese tiempo.
Pero resulta que muchas de esas empresas acogen las exenciones y los ingresos que obtienen por no pagar los impuestos los toman como ganancias y se los distribuyen entre sus accionistas. Luego, cuando pasa el plazo de la exención, siguen siendo deficientes porque no invirtieron en mejorías y comienzan a reclamarle al Estado que les extiendan el plazo de las exenciones alegando la necesidad de ser competitivas.
En resumidas cuentas, esas distorsiones deben ser corregidas por el Estado. Basta con regular efectivamente esas exenciones.
