“La decisión de la Dirección General de Aduanas (DGA) de aplicar el 8% de gravamen a los equipos móviles de comunicación resulta preocupante”, señaló la Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones (Asiet) en un comunicado.
Indican, además, que “dejar sin efecto las disposiciones que fijaban este impuesto en 3% y aumentarlo, supone un retroceso en la política digital del país luego de los avances logrados hasta el momento. Entre 2007 y 2017, según datos de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, el porcentaje de dominicanos que usan Internet pasó del 17.6% al 65%. Lograr que la población que aún no accede a los beneficios de estar conectado (1 de cada 3) resultaría aún más complejo con esta medida”.
El comunicado destaca que “el cierre de la brecha digital es un imperativo ético, y un objetivo central para los países de América Latina debido a las oportunidades que brinda la digitalización en materia de desarrollo económico y social. Las propias autoridades de República Dominicana así lo han observado en años recientes y han llevado a cabo acciones importantes en este sentido. El programa República Digital representa un claro ejemplo de lo anterior y su planteamiento, como un componente clave para el impulso de la digitalización en el país, ha sido reconocido en la región en varias de sus vertientes”.
De acuerdo con la revisión de las experiencias internacionales y la explicación de diversos estudios sobre el tema, dice el documento, “el establecimiento de impuestos extra a las telecomunicaciones tiene efectos nocivos para el cumplimiento de los objetivos de penetración y conectividad, afectando de forma más directa a los ciudadanos que cuentan con menores recursos. Diversos especialistas señalan que la reducción impositiva constituye una oportunidad para el incremento de la demanda de los servicios y puede generar un círculo virtuoso que derive en mayores beneficios sociales e incluso recaudatorios. Niveles de tributación reducidos para las telecomunicaciones tienden a fortalecer las finanzas de los Estados, debido a que en la medida en que la penetración y el uso de las telecomunicaciones aumentan, la actividad económica general se expande y la base gravable tiende a ser mayor; por ende, las posibilidades de recaudación se amplían”.
“Más y mejor conectividad para todos los dominicanos redundará sin duda en mejores condiciones económicas y sociales, por lo que es fundamental que se establezcan políticas públicas coordinadas y congruentes con dicho objetivo en todos los niveles y ámbitos del estado”.
