El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, entregó este miércoles personalmente al Parlamento una propuesta de reforma del régimen de jubilaciones y pensiones, según la cual el Estado se ahorrará por ese concepto unos 265,000 millones de dólares en 10 años.
Bolsonaro, quien evitó contacto con los periodistas, se dirigió al palacio legislativo junto con algunos de sus ministros y entregó el proyecto de reforma a los presidentes de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia, y del Senado, Davi Alcolumbre, que se comprometieron a intentar que el texto sea aprobado este mismo año.
Uno de los puntos más novedosos de la propuesta es establecer una edad mínima para acceder a la jubilación, un requisito que hasta hoy no existe en Brasil y que pasaría a ser de 62 años para las mujeres y 65 años para los hombres.
Según las normas actuales, las mujeres pueden jubilarse con 30 años de cotización y los hombres con 35, lo cual facilita que haya quien se retira con apenas 50 años de edad.
De acuerdo a los cálculos del Gobierno, el sistema ha entrado en “colapso” y presiona un creciente déficit fiscal, que el año pasado fue al 7.09% del Producto Interior Bruto (PIB) y que se prevé que será similar este año.
En el proyecto presentado por Bolsonaro al Parlamento, el cálculo del Ministerio de Economía apunta a que las nuevas normas permitirán al Estado un ahorro por concepto de jubilaciones equivalente a un billón de reales (unos 265,000 millones de dólares) en una década.
La propuesta también incluye la creación de un nuevo sistema de capitalización individual, que sería optativo para quien ya está en el mercado laboral y el cual se pretende que, tras una transición de doce años, sea adoptado por los nuevos trabajadores.
Ese es el principal objetivo del ministro de Economía, Paulo Guedes, quien se alinea en el ideario liberal de la Escuela de Chicago y pretende reducir la injerencia del Estado en todos los aspectos de la actividad económica.
El proyecto presentado por el Gobierno enfrenta una frontal resistencia en los sindicatos, que han anunciado protestas contra lo que consideran un “atentado” contra los “derechos adquiridos”.
La propuesta comenzará a ser debatida la semana próxima en la Cámara de Diputados, en la que deberá ser analizada en al menos tres comisiones antes de llegar al pleno, para luego continuar su trámite en el Senado
