La salida del Reino Unido de la Unión Europea aumentará un 8% la carga de trabajo de la Agencia Tributaria por el control de las exportaciones y un 4% por el control de las importaciones, como consecuencia de los mayores recursos que se necesitarán en ámbitos como el de la logística, los controles aduaneros o las infraestructuras por donde se produce el tránsito de mercancías.
Así lo ha señalado el director general de la Agencia Tributaria, Jesús Gascón, durante la inauguración del XV Foro de Fiscalidad Internacional, organizado por Deloitte Legal, en el que ha subrayado que el Brexit es el factor “distorsionador” más importante de la actualidad, ya que ha obligado a todos los países a diseñar planes de contingencia aunque el impacto será “muy asimétrico” en función del país.
Gascón ha indicado que España se encuentra en una posición “intermedia”, pero tiene el “problema” de atender a los viajeros británicos una vez se conviertan en turistas extracomunitarios, ya que el número de visitas de ingleses es 1.5 veces superior al del resto de turistas extracomunitarios en conjunto.
“La carga de trabajo se multiplica de manera exponencial”, ha apuntado Gascón, quien ha apuntado que el riesgo fiscal y aduanero de un turista “no es muy elevado” porque “llega una persona un tiempo limitado que entra y sale con su equipaje”, lo que sí tiene es implicaciones de control y logística al conllevar un cambio en la forma de funcionamiento aduanero, por ejemplo, en la organización de fila de turistas comunitarios o extracomunitarios.
En este sentido, ha explicado que el mayor impacto se dará a nivel de infraestructuras en los puertos y aeropuertos y en las operaciones de importación y exportación, que cambiarán su calificación jurídica. En concreto las importaciones dejarán de ser adquisiciones intracomunitarias de bienes y pasarán a estar gravadas por derechos arancelarios y por el IVA, lo que supondrá un incremento de la gestión del 4% para la Agencia Tributaria.
Esa “carga sobrevenida” para la AEAT obliga a la Administración Tributaria a contar con un plan de contingencia que afecta a la logística, los controles aduaneros y a otros ámbitos como los sanitarios o las infraestructuras, ha precisado Gascón, quien ha indicado que el Brexit conllevará un impacto “todavía mayor” en exportaciones, con un aumento de la carga de trabajo del 8%.
Esta mayor carga de trabajo se deriva de los trámites asociados a las exportaciones, según ha señalado el director general de la AEAT, que ha mostrado su preocupación por el impacto que podría tener la marcha del Reino Unido de la UE en sectores pujantes para la economía española en materia de exportaciones, como el sector agroalimentario.
Ante este panorama, Gascón ha indicado que se está realizando un esfuerzo divulgativo “muy importante”, con un plan de difusión de información a través de la página web, charlas generales y encuentros sectoriales, para estar “lo mejor preparados” ante un Brexit “duro” o una salida acordada.
Por otra parte, Gascón ha valorado la mayor cooperación a nivel global para que cambien las “reglas del juego”, a través de modificaciones de convenios para evitar la doble imposición, así como en el ámbito europeo, con distintas iniciativas como las directivas de cooperación administrativa (DAC), las normas comunes antielusión o los intentos de armonización de la basa imponible en Sociedades, que por ahora “no ha ofrecido frutos”.
Sin embargo, ha lamentado que estas medidas armonizadoras están “tocando techo” y muchos países empiezan a adoptar medidas “individualizadas”. En este sentido, se ha referido por ejemplo al Impuesto de Sociedades, para el que se han adoptado medidas defensivas para blindar las bases imponibles, si bien una vez que se ha constatado que la capacidad recaudatoria “no puede dar mucho más de sí”, con una recaudación del 2.3% en España, frente al 2.1% de Italia o los mayores ingresos de Francia, Alemania y Reino Unido, con un techo del 2.6%, varios países han optado por nueva tributación empresarial, como el impuesto a determinados servicios digitales.
Ha repasado las iniciativas en este sentido implementadas en distintos países y ha apuntado que en el caso de la llamada ‘tasa Google’ prevista por el Gobierno en España, habrá que esperar a ver su devenir en la siguiente legislatura tras la disolución de las Cortes. En todo caso, ha apuntado que todos estos nuevos impuestos son “complicadísimos” de gestionar.
Igualmente, ha destacado que se está avanzando en la información y la asistencia al contribuyente, en el caso español con el acceso al censo a través de asistentes virtuales e información más específica. Esto es posible, ha dicho, gracias al mayor intercambio de información entre los países, si bien considera que podría estar quedando ya incluso “obsoleto” y en un futuro se podría constituir “una gran nube de información tributaria compartida, con cumplimiento estricto normativo”.
El director general de la AEAT también ha planteado la opción de que se puedan alcanzar acuerdos con las empresas en la vía económico-administrativa y contencioso-administrativa y no solo en la vía administrativa como en la actualidad, con el fin de evitar llegar a juicios. Así, se podrían activar los actos de acuerdo de la vía administrativa en las otras dos vías para dar “una segunda y una tercera oportunidad” de alcanzar acuerdos.
De su lado, el subdirector general de Tributos de la Dirección General de Tributos, Carlos Gómez, ha explicado que se trabaja en la idea de aplicar un régimen sancionador en el marco a los intermediarios como el existente para las obligaciones tributarias de la Ley General Tributaria.
Este régimen sancionador se encuadra en la transposición de la directiva europea sobre planificació0n fiscal abusiva que España y el resto de Estados miembros tienen que transponer a sus ordenamientos internos.
Gómez ha indicado que el régimen sancionador será “razonable y proporcional”, y tendrá “encaje” en los principios generales que se vienen aplicando en la Ley General Tributaria.
