El sector empresarial británico ha criticado la política arancelaria del Gobierno si hay un “brexit” duro, que exime de aranceles a un 87% de las importaciones (frente al 80 % actual), sobre todo de fuera de la Unión Europea (UE).
La directora general de la patronal CBI, Carolyn Fairbairn, pidió a la Cámara de los Comunes que rechace una salida de la UE sin pacto en la votación prevista para esta noche y que el jueves respalde una prórroga “corta” de la fecha de retirada, fijada para el 29 de marzo.
La normativa arancelaria planteada por el Ejecutivo, que se aplicaría solo durante doce meses, hasta negociar otras condiciones, supondría “un mazazo a la economía”, dijo Fairbairn a BBC Radio 4, y lamentó que las empresas “no tendrían tiempo de prepararse” para el mayor cambio comercial desde el siglo XIX.
El director general de las Cámaras de Comercio Británicas (BCC, en inglés), Adam Marshall, señaló que las nuevas tarifas “crearían nuevos ganadores y perdedores en la economía de un día para otro”, con un “impacto indeseado” para muchos sectores.
El consejero delegado de la Sociedad de fabricantes y comerciantes del motor, Mike Hawes, criticó las medidas sugeridas, pese a que imponen tarifas del 10,6 % en las importaciones de coches y camiones desde la UE para proteger al sector en el Reino Unido.
“Ninguna política tarifaria se acerca a compensar el trastorno, coste y pérdida de empleos que causará una salida sin acuerdo”, afirmó.
También se opuso a la propuesta gubernamental la Unión Nacional de Granjeros, cuya directora, Minette Batters, lamentó que no se proteja a los sectores británicos de “huevos, cereales, fruta y verdura”, entre otros.
El plan del Gobierno contempla tarifas sobre las importaciones de carne de vacuno, pollo, quesos, cerdo y cordero, lo que Batters consideró insuficiente.
La política gubernamental en caso de una salida abrupta de la UE supone que un 82% de las importaciones del bloque estarían exentas de tarifas, del 100% actual, y lo mismo para un 92% de las de fuera del bloque, frente a un 56% en la actualidad.
El Gobierno mantendría provisionalmente la frontera abierta entre Irlanda (parte del mercado único) e Irlanda del Norte, de modo que los controles sobre los productos comunitarios se harían en la provincia británica -lo que ha suscitado temores de posible contrabando-.
