Mediante la evaluación de 53 entidades públicas, el Consejo Nacional de Competitividad determinó que el costo social de las regulaciones en el país asciende a RD$197,000 millones, lo que representa el 5.6% del producto interno bruto (PIB).
Estos resultados fueron presentados bajo el programa RD+Simple, iniciativa del Gobierno que busca mejorar la eficiencia de las instituciones públicas, a través de la agilización de los procesos, mejoras en las regulaciones y el fomento a la participación ciudadana en los procesos de políticas públicas, con el fin de poner en marcha un Plan Nacional de Mejora Regulatoria, que permita elevar la calidad, simplificar los trámites y reducir sus tiempos y costos.
De acuerdo el estudio, presentado este miércoles por el director ejecutivo de Competitividad, Rafael Paz, los RD$197,000 millones no incluye las tasas por servicios ni las contribuciones obligatorias establecidas por leyes especiales. “El 60% de la carga regulatoria recae en solo 10 trámites, entre los que se destacan los registros sanitarios, la mecanización agrícola y la solicitud de exequátur profesionales”, indica el documento.
Durante la presentación, se estableció que un total de 2,097 regulaciones administrativas vigentes, y 1,873 trámites y servicios, fueron los resultados del diagnóstico RD+Simple.
La estimación del costo social de las regulaciones se realiza en función del tiempo que se destina a realizar un trámite o recibir un servicio, tomando en cuenta el proceso para recolectar los requisitos exigidos y el tiempo que tarda la institución en dar respuesta. Esta estimación fue realizada por la Dirección de Análisis Regulatorio (DAR) del Consejo Nacional de Competitividad, con el apoyo metodológico de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria de México (Conamer).
Además, se incluyó en este levantamiento la realización de un inventario regulatorio, que permitió conocer la cantidad de las regulaciones administrativas vigentes, así como un proceso de consulta pública a empresas y asociaciones empresariales; y se encuestaron más de 800 ciudadanos, para conocer de primera mano cuales son las regulaciones, trámites y servicios más complejos.
“Ante estos resultados, hago un llamado a reflexión a los reguladores sobre su rol e impacto en los ciudadanos y los sectores productivos, pero también, quiero llamarlos a tomar acción para revertir esta situación y evitar que muchas de las regulaciones vigentes sigan generando trabas y mayores costos”, precisó Paz.
“Lo que se mide, mejora”, enfatizó el ejecutivo. Además, informó que en los próximos meses se pondrá en marcha un Plan Nacional de Mejora Regulatoria, que comprenderá la revisión y actualización del inventario regulatorio presentado hoy, así como la incorporación de nuevas instituciones al levantamiento de regulaciones, trámites y servicios.
Plan de Mejora Regulatoria
La mejora regulatoria es una política de alto impacto en la economía nacional, y es el primer pilar de la Agenda Dominicana Competitiva, que se denomina Facilitación de Comercio. Por su relevancia, se creará un Plan de Mejora Regulatoria Integral, que priorizará las siguientes seis instituciones públicas: Ministerio de Salud Pública, Agricultura, Educación Superior, Ciencia y Tecnología, Dirección General de Impuestos Internos, Obras Públicas y Comunicaciones y Medio Ambiente y Recursos Naturales.
Además el plan incluirá la priorización alta de los 10 trámites de mayor costo y la media de 70 trámites correspondientes a 37 instituciones públicas adicionales.
“Iniciaremos mesas de trabajo con las instituciones involucradas, a los fines de verificar las recomendaciones derivadas de estos resultados y aplicarlas. Esto es, eliminar las que deban ser eliminadas y simplificar las que puedan ser simplificadas”. Describió Paz.
“En esta segunda etapa de RD+Simple, incluiremos 40 nuevas instituciones, que nos permitirán analizar, aproximadamente, unos 700 trámites adicionales, de acuerdo a estimaciones preliminares”, informó el director ejecutivo del Consejo.
Antecedentes Mejora Regulatoria
En la República Dominicana persiste una alta carga regulatoria, lo que significa que los procesos en el Estado dominicano son altamente burocráticos. En efecto, el país se ubicó en la posición 117 de 137 países en el indicador que mide la carga de las regulaciones gubernamentales del Índice Global de Competitividad (IGC), que publicó el Foro Económico Mundial el año pasado.
Esta es una de las razones por las que el Estado se ha dispuesto a generar cambios en el entorno regulatorio que faciliten la actividad económica del país, mejore la calidad de vida de los dominicanos, así como la forma en que se comunican las instituciones entre sí y con los ciudadanos.
El 5 de septiembre, Competitividad emitió la resolución 0003-2018, que establece la metodología para el levantamiento del inventario regulatorio y la implementación del Programa de Simplificación de Carga (Simplifica-RD).
Con RD+Simple se marca un hito histórico, un proceso de reforma del Estado dominicano, un ejercicio novedoso, que evidencia el alto nivel de responsabilidad y valentía asumido por el presidente Danilo Medina.
