El Presupuesto General del Estado de este año establece una estimación de gastos tributarios (exenciones fiscales) por 220,867.8 millones de dólares, que benefician a diversos sectores productivos y a los consumidores finales.
El 52.3% de esas exenciones son al Impuesto a la transferencia de bienes industrializados y servicios (ITBIS), por lo que se asume que benefician al consumidor final, que es quien termina pagándolo en los bienes y servicios gravados que consume.
La sugerencia sería mantener vigentes esas exenciones de ITBIS en algunos alimentos básicos, medicamentos, servicios de salud, educación, electricidad y agua potable, entre otros.
Sin embargo, el 40.4% de las exenciones fiscales se aplica a impuestos al patrimonio, impuesto sobre la renta (ISR) e impuesto selectivo al consumo (ISC) de los hidrocarburos, áreas donde sí se pueden hacer revisiones, para hacer más efectiva su aplicación, evitar dispersiones y ahorrarle dinero al Estado, aun sin eliminar esas exenciones.
Nos referimos a que muchas de esas exenciones, dirigidas a sectores productivos específicos, muchas veces son desviadas hacia otras áreas distintas al destino para el cual se han establecido.
Vamos a tomar como ejemplo las zonas francas, un sector que se beneficiaría este año con RD$24,427.3 millones, es decir, el 11% del total de exenciones fiscales.
Cada cierto tiempo vemos al Consejo Nacional de Zonas Francas de Exportación (CNZFE) anunciar permisos para la creación de nuevas empresas en ese sector. Generalmente se informa que la empresa X invertirá, por ejemplo, 100 millones de dólares para una nueva fábrica de equipos, que va a generar 1,200 empleos directos y que va a exportar cada año 300 millones de dólares, que se traducen en generación de divisas.
A cambio, la empresa X recibe exención total del ISR, así como del ISC de hidrocarburos, de los aranceles y del patrimonio.
Pero sucede que, al cabo de cinco años en el país, la empresa X no invirtió los 100 millones de dólares que prometió, sino solo la mitad; además de que sus exportaciones apenas llegan a 125 millones de dólares al año y, en lugar de 1,200 empleados, apenas tiene 500 en sus operaciones fabriles.
Dada esa situación, lo más lógico es que el Estado le aplique, a través del CNZFE, una sanción a esa empresa y que le reduzca las exenciones fiscales que recibe, ya que no cumplió con lo que se comprometió para ampararse en los beneficios que ofrece la Ley de Incentivo a las Zonas Francas vigente en el país.
El asunto es que el CNZFE, aparentemente, no da seguimiento de regulación y supervisión a esa parte de la eficiencia de las exenciones fiscales.
Otra situación que también se produce con frecuencia es que el propietario de la empresa X de zona franca también es dueño de otras empresas que no son de ese sector y que, por tanto, no gozan de las exenciones fiscales. Pero cuando este empresario realiza importaciones de bienes para sus empresas no exentas, así como de bienes que utiliza en su casa o en su finca de veraneo, que nada tienen que ver con la empresa X, los reporta como si fueran para la zona franca y evade los impuestos correspondientes.
Todo eso ocurre sin que haya una supervisión efectiva que evite esas elusiones, evasiones y aprovechamiento de unas exenciones que al final no están dando un retorno efectivo al Estado ni a la sociedad.
Las zonas francas son sólo un ejemplo, pero ocurre lo mismo con otros sectores como el turismo, que también goza de exenciones fiscales, aunque en menor proporción, y cuyos representantes utilizan diversas maniobras para aplicar esas exenciones de forma repetida en un mismo establecimiento o hacia otras áreas que no necesariamente son turísticas, aunque están incluidas en las instalaciones beneficiarias de las exenciones que les otorga la ley.
Las exenciones fiscales por sectores productivos es una de las mayores dificultades que enfrenta la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) en su lucha contra la evasión impositiva, debido a que se presentan para desvíos, elusiones y otras maniobras cuya supervisión se hace difícil, más cuando los entes reguladores de cada sector no hacen su trabajo.
