El acceso al crédito es una de las herramientas más potentes para incentivar la creación de negocios y empleos en una economía. A través del crédito, personas con miras a realizar emprendimientos pueden obtener el capital que requieren para iniciar su negocio, lo que redunda en beneficios para el país, especialmente a través de la formalización de la economía (una importante proporción de la actividad económica dominicana se realiza fuera de la economía formal).
No obstante, una de las mayores trabas para el acceso al crédito es el anticuado sistema de garantías de nuestro país. La inscripción de garantías mobiliarias (es decir, las que no recaen sobre bienes inmuebles) es sumamente difícil, y su ejecución complicada y tediosa. Como única excepción a esto podemos citar los préstamos respecto a vehículos de motor, que precisamente cuentan con una ley especial que facilita la inscripción (en un registro único) y ejecución de estas garantías.
Lo anterior tiene como consecuencia que las instituciones financieras del país son reacias a extender crédito para emprendimientos en caso de que las garantías recaigan únicamente sobre bienes mobiliarios (de hecho, no es solo un tema de las instituciones financieras; las normas prudenciales y regulatorias así lo requieren también).
En caso de que proceda el préstamo, las dificultades de ejecución tienen como otra consecuencia el aumento de la tasa de interés aplicable, como forma de compensar el mayor riesgo asumido por la institución financiera. Con miras a corregir este freno al crédito, se ha elaborado un anteproyecto de ley de garantías mobiliarias, el cual, si fuera aprobado, sería un importante paso para fomentar el acceso al crédito.
Entre las virtudes del anteproyecto, se prevé la creación de un registro único de garantías mobiliarias, accesible por métodos electrónicos, el cual dará publicidad al registro de la garantía (de manera que los acreedores estén informados sobre los gravámenes existentes en los bienes otorgados como garantías) y establecerá el orden de prelación de las inscripciones. El registro único sustituirá múltiples registros establecidos por distintas y dispersas leyes, y los cuales requieren la inscripción de garantías en instancias por escrito.
El anteproyecto también contempla que no se exigirán formalismos exagerados para dicha inscripción, la cual podrá ser realizada a través de formularios electrónicos. El anteproyecto también prevé la simplificación del procedimiento judicial para la ejecución de las garantías mobiliarias.
Igualmente, da la oportunidad a las partes de escoger métodos alternos de solución de disputas, e incluso establece la posibilidad de ejecuciones sin intervención judicial. Esperamos que los legisladores actúen para aprobar este importante proyecto, por el bien del emprendimiento y acceso al crédito en el país.
