La Unión Europea ha criticado la retirada de la inmunidad parlamentaria al presidente de la Asamblea Nacional venezolana, Juan Guaidó, por parte de la Asamblea Nacional Constituyente, cuya legitimidad el bloque no reconoce, y ha amenazado a Caracas con “medidas apropiadas” en respuesta a los últimos acontecimientos en Venezuela.
“Esta decisión constituye una violación grave de la Constitución venezolana, así como el Estado de Derecho y la separación de poderes”, reza el borrador de declaración de la Alta Representante de Política Exterior y de Seguridad Común de la UE, Federica Mogherini, en nombre de los Veintiocho, al que ha tenido acceso Europa Press.
Los embajadores ante el Comité Político y de Seguridad de la UE de los Veintiocho han acordado en una reunión celebrada este miércoles el borrador del texto conjunto para reaccionar a la retirada de la inmunidad parlamentaria a Guaidó, que se dará por validado sin cambios si ninguna capital ha puesto objeciones de aquí a las 9.30 horas de este jueves.
En el borrador del texto, el bloque avisa de que este tipo de decisiones “minan una salida política a la crisis y sólo llevarán a una mayor polarización y escalada de las tensiones en el país” y recuerdan que “el único organismo autorizado para levantar la inmunidad” parlamentaria es “la Asamblea Nacional”.
“La UE continuará supervisando la situación y utilizará todas las medidas apropiadas para reaccionar a los acontecimientos actuales”, advierte el bloque en el texto.
La Unión vuelve a reclamar el respeto “pleno” a las prerrogativas y mandato constitucional de “todos” los miembros de la Asamblea Nacional, “incluido el de su presidente” y exigen el respeto “en todo momento” de sus derechos civiles, libertad e integridad física, dejando claro que “deben poder ejercer sus responsabilidades libres de cualquier intimidación”.
Los Veintiocho siguen divididos sobre la necesidad de ser más o menos duros con Caracas ante el deterioro de la situación sobre el terreno y la falta de avances tangibles de cara a avanzar hacia la celebración de nuevas elecciones presidenciales en Venezuela para salir de la crisis en el país.
“Algunos estados miembro empujan para que haya sanciones, otros condenan este tipo de actos pero piden ser cautelosos para no perjudicar los esfuerzos” del grupo de contacto internacional sobre Venezuela aunque “la evaluación del Servicio Europeo de Acción Exterior es que la situación se ha deteriorado muy rápido” sobre el terreno, han explicado a Europa Press fuentes diplomáticas.
Países como Reino Unido, Francia, Alemania, España y Dinamarca, entre otros, defienden que las sanciones “estén sobre la mesa” como elemento de presión, mientras que otros como Italia y Grecia son más reacios a hablar de sanciones.
La mayoría de los países de la UE –con la excepción de Italia, Grecia, Chipre y Eslovaquia– han reconocido a Guaidó como presidente interino para avanzar en la organización de nuevas elecciones presidenciales en Venezuela, algo que el Gobierno de Nicolás Maduro, que sigue controlando ‘de facto’ el país, rechaza de plano.
Los ministros de Asuntos Exteriores de la UE discutirán la situación en Venezuela el próximo lunes en Luxemburgo durante el almuerzo después de la segunda reunión ministerial del grupo de contacto internacional celebrado el 28 de marzo en Quito.
El grupo, en el que participan España, Francia, Alemania, Italia, Portugal, Suecia, Países Bajos y Reino Unido, por parte europea, así como Ecuador, Costa Rica, Uruguay y Bolivia por parte latinoamericana, condenó en Quito la inhabilitación de Guaidó para ocupar cualquier cargo público durante 15 años, anunciada por la Contraloría General de la República, una decisión “política” que no contribuye a una salida a la crisis e instó as autoridades venezolanas a “adoptar pasos concretos” para avanzar hacia nuevas elecciones presidenciales en el país “lo antes posible”.
Para ello, reclamó “‘una hoja de ruta’ acordada” para crear las condiciones mínimas para ello, incluido “garantías” para que puedan participar “todos” los candidatos y partidos políticos en las elecciones Además, ha reclamado una actualización “completa” del registro de votantes y una modificación de la ley electoral para permitir el despliegue de observadores internacionales.
