Muchos somos los que creemos que en República Dominicana se ha avanzado en materia institucional; aunque a veces los que estamos convencidos del referido progreso, en ocasiones lo ponemos en duda, ante la ocurrencia de determinados episodios que empañan la calidad institucional, limitando el ejercicio democrático y los que no están persuadidos, terminan convenciéndose aún más de su posición de atraso institucional.
Argumentamos que hoy tenemos un marco legal más moderno y robusto que en el pasado, más transparencia, mayor control social, que las decisiones tienden a ser más colegiadas y menos individual, las dependencias gubernamentales funcionan en forma más eficaz y eficiente -con muy pocos intermediarios particulares, y hasta vociferamos que sobre un 70% de la población en edad adulta rechaza la posibilidad de una reforma constitucional para beneficio particular.
Sin embargo, cuando acontecen eventos como el del proceso de selección de los jueces de la Suprema Corte de Justicia, la propuesta de eliminar la cesantía laboral o mucho más reciente, las declaraciones de los jefes de las políticas monetaria y fiscal, expresando que el Gobierno necesita una reforma fiscal, pero que se perdió el momento para hacerla, porque deben realizarse al inicio o final de un gobierno, o porque estamos en un año pre-electoral, terminamos convenciéndonos de que prevalecen causales, como para no estar conforme del avance institucional y que debemos estar atento para evitar y combatir lo que implique retroceso institucional.
En otras palabras, el momento para un pacto fiscal se ha perdido, a juicio de la opinión oficial. Aducen que hay que esperar el inicio de un nuevo gobierno, por lo que, considerando el uso de la teoría de la elección pública, obviamente no conviene hacer la reforma ahora, porque resta votos de la parte clientelar o porque la debe hacer otro gobierno, a fin de que cargue con el costo político que implican regularmente las reformas fiscales, las que adquieren ese sesgo antipático, porque justamente se busca el momento político para hacerla y no el tiempo en la que debe hacerse, alejando la posibilidad de una conciencia social y apoyo colectivo.
A República Dominicana no le llegará un maná, como tampoco aparecerá petróleo en Azua, o nuevas playas que hagan atraer millones de turistas, un aumento exponencial de inversión extranjera o que la diáspora dominicana en tierras extranjeras no se sacará el loto, haciendo llegar por esa vía centenares de millones por concepto de remesas. Entonces, la enfermedad holandesa no llegará en la modalidad repentina, el mal holandés hay que procurarlo, no llegará solo.
El mal holandés, fue acuñado por vez primera cuando en Holanda, a partir del 1960, sus ingresos en divisas experimentaron significativos aumentos por el descubrimiento de yacimientos de gas natural, resultando un fenómeno que aconteció en forma paralela a los efectos colaterales dañinos a nivel de otros sectores de la economía, muy vinculados a las exportaciones, que se vieron afectados por la reevaluación de su moneda nacional: el florín.
Cual que sea el motivo para no propiciar una reforma fiscal en la presente gestión gubernamental, lo cierto es que no se hará; esto pese a que aún persiste déficit fiscal, necesidad bruta de financiamiento, aumento de la deuda pública, ausencia de espacio fiscal, degradación de la composición económica del gasto público, permanente y creciente cuentas por cobrar en el presupuesto nacional y aumento del gasto público frente a los tímidos incrementos de los ingresos fiscales de vocación permanente.
Lo anterior revela, que ante el reconocimiento de gestionar mayores niveles de ingresos tributarios, y frente a los desafíos de los gastos del Gobierno, lo que se denomina la enfermedad holandesa, vista en esta opinión desde la perspectiva de aumentar los ingresos del fisco en forma deliberada, no llegará, por el hecho de los esfuerzos en materia del actual marco legal le ofrece a la administración tributaria, una parcial oportunidad para aumentar la recaudación de los ingresos públicos y ante la asunción de la teoría de la opción pública.
Tomando prestado la expresión de la enfermedad holandesa, asociada originalmente a variables específicas, como los ingresos por concepto de exportación, inversión extranjera, reservas internacionales y apreciación de la moneda local frente a la divisa y, llevándola al campo de un pacto fiscal, en procura de impulsar nuevos y mayores niveles de ingresos tributarios y ante los previsibles efectos dañinos en el corto plazo, tanto en la recaudación, como en la posibilidad de pérdida en el crecimiento económico, valdría la pena apostar por el mal holandés, en su connotación fiscal para la economía nacional, dado que su balance haría más bien que mal.
Mejorar, identificar y hasta crear nuevas fuentes de ingresos tributarios con vocación permanente, sería uno de los objetivos de un pacto fiscal, con acento del mal holandés, con la diferencia de que los ingresos fiscales adicionales serían recaudados en forma planeada y por lo tanto con posibilidades de mitigar los efectos dañinos que podría generar a nivel de la actividad económica.
La enfermedad holandesa remitida al campo de las finanzas públicas, previsiblemente haría aumentar la presión tributaria del nivel actual que es de menos del 15%, al parámetro aspirado en la estrategia nacional de desarrollo, de un aproximado de 20% del PIB, mismo que, simultáneamente con una mejora en la calidad del gasto público, apriorísticamente ofrecería respuesta a los desafíos de ausencia de espacio fiscal y permanente desbalance que presentan los ingresos y gastos fiscales.
La posposición reiterada de un pacto fiscal en el país, no obstante ser un mandato de la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo, ha contribuido a trasladar también las soluciones de los problemas que padecen las finanzas públicas nacionales y con ella, además, las respuestas a los desafíos históricos que en el campo social tiene la sociedad dominicana, como la alta concentración del ingreso, que derivan en niveles altos de pobreza, esto pese a algunos avances que se han logrado en la materia.
De llegar a República Dominicana la enfermedad holandesa, en la acepción fiscal, el país estaría garantizando un crecimiento económico más sostenible en el tiempo, una mayor calidad del gasto público y menos amenaza de interrupción a la estabilidad, especialmente en un momento en que se presentan señales de agotamiento del modelo fiscal y la presencia de un entorno internacional amenazante por las políticas proteccionistas que se promueven desde la principal economía del mundo.
El país ganará en forma más duradera cuando la coyuntura política no se sobreponga o sesgue a las acciones que afrontan los males estructurales de la economía nacional. Mientras la complicidad del silencio y las opiniones encargadas no aporten en la dirección de promover una decisión necesaria, como la de un pacto fiscal, el verdadero fortalecimiento institucional, tocante al ámbito de la economía local, estará lejos, como a distancia estarán las soluciones a los problemas indicados precedentemente. Apostemos a procurar la enfermedad holandesa fiscal en forma deliberada.
