El secretario de Estado, Mike Pompeo, ha anunciado que desde el 2 de mayo Estados Unidos permitirá que se presenten demandas contra empresas extranjeras que hayan hecho negocios con bienes confiscados a ciudadanos estadounidense por el Gobierno cubano tras la Revolución de 1959.
“Desde el 2 de mayo, bajo el Título III de la Ley LIBERTAD, los ciudadanos estadounidenses podrán plantear sus demandas contra las personas que trafiquen con las propiedades que fueron confiscadas por el régimen cubano”, ha anunciado Pompeo vía Twitter.
Pompeo se ha referido a la Ley Helms-Burton, aprobada en 1996, que dio a los estadounidenses el derecho a demandar a empresas de todo el mundo que se lucren con los bienes confiscados por las autoridades ‘castristas’. Todos los Gobiernos norteamericanos habían dejado sin efecto esta cláusula.
“Durante más de 22 años, el Título III de la Ley LIBERTAD se suspendió con la esperanza de que el régimen cubano hiciera una transición hacia la democracia, pero la Administración de Donald Trump se ha dado cuenta de que los verdaderos dictadores lo ven como una debilidad”, ha señalado Pompeo.
En concreto, ha mencionado al histórico diálogo iniciado en 2014 por los gobiernos de Barack Obama y Raúl Castro, para derribar el último muro de la Guerra Fría en América Latina. “El intento del presidente de Obama de moderar al régimen no funcionó”, ha sentenciado.
Una alto cargo del Departamento de Estado ha explicado en un encuentro telefónico con medios de comunicación desde Bruselas que la decisión de reactivar el Título III supone reconocer el “fracaso” de la política estadounidense hacia Cuba en las últimas décadas.
Además, ha indicado que este paso obedece a las acciones del Gobierno cubano en la isla caribeña, donde “nada ha cambiado esencialmente”, a pesar de la sustitución de Raúl Castro por Miguel Díaz-Canel hace un año. “Aún no hemos visto una transición hacia la democracia” y no esperamos verla en el “futuro cercano”, ha lamentado la funcionaria.
También ha señalado a las acciones de Cuba en la región, donde “actúa socavando la democracia”. En particular, la diplomática estadounidense ha aludido al apoyo brindado por las autoridades cubanas al Gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela.
“Durante años, el régimen cubano ha exportado su opresión a Venezuela. Los servicios militares, de seguridad e Inteligencia de Cuba mantienen a Maduro en el poder. Su comportamiento socava la estabilidad del Hemisferio Occidental y supone una amenaza directa para la seguridad nacional de Estados Unidos”, ha defendido Pompeo en Twitter.
EUROPA Y CANADÁ, EN EL PUNTO DE MIRA
La reactivación de esta cláusula legal afectará sobre todo a empresas europeas y canadienses, ya que son las que tienen más intereses en Cuba.
“Cualquier persona o empresa que haga negocios en Cuba debería prestar atención a este anuncio”, ha reconocido el propio Pompeo en la rueda de prensa en la que ha realizado el anuncio.
Bruselas y Ottawa han aclarado este mismo miércoles en un comunicado conjunto que no reconocerán las sentencias que puedan dictarse en Estados Unidos contra intereses europeos o canadienses en Cuba y han avisado de que su respuesta se enmarcará en el contexto de la Organización Mundial del Comercio (OMC).
Interrogada a este respecto, la alto cargo del Departamento de Estado ha contado que Estados Unidos es plenamente consciente de que su decisión podrían tener consecuencias en la OMC, si bien ha subrayado que “no habrá excepciones” en la aplicación del Título III.
Al mismo tiempo ha incidido en que la relación de Estados Unidos con sus socios europeos “es crucial” y ha recalcado que este paso se encuadra en la necesidad de “promover la democracia y los Derechos Humanos en Cuba” y “hacer responsable al régimen por sus abusos dentro y fuera de Cuba”.
