Desde hace once años, diversos sectores empresariales vienen haciendo eco de la necesidad de reclasificar a las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) del país, una lucha que la Federación de Asociaciones de Empresas (FAI) asumió como “niña mimada” cuando inició un proceso legal que busca darle fin a esta cruzada.
“Sin la clasificación empresarial los reajustes salariales del sector mipymes no pueden materializarse y eso genera un creciente establecimiento de informalidad”, plantean el presidente de la FAI, Ramón Porfirio Báez, y su vicepresidente, David Toribio Lantigua.
Recuerdan que las Mipymes generan el 65% de los empleos, o sea 2.4 millones de personas asalariadas.
El largo proceso que fue encaminado por la Asociación de Empresas Industriales de Herrera y Provincia Santo Domingo (AEIH) y la Confederación Dominicana de la Pequeña y Mediana Empresa (Codopyme), busca que se haga efectiva la implementación de la Ley 187-17 de apoyo y fomento a las Mipymes.
Los empresarios informaron que, a raíz de muestras de innovación en países de Centro América, el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) tuvo que hacerle una modificación a la ley que establece un régimen regulatorio para el desarrollo y competitividad de las Mipymes, que tenía tres características: ventas anuales, cantidad de empleos y activos en existencia.
Indicaron que, en la actualidad, la Ley 187-17 que modifica la 488-08, contempla dos características: cantidad de empleo y ventas al año, por lo que la reclasificación le daría una nueva definición a cada uno de esos niveles. Las ubicaría en otros renglones y a la vez podría establecer ajustes de salarios.
David Toribio dijo que el Ministerio de Trabajo y el Comité Nacional de Salarios “irresponsablemente” se han negado a cumplir con la clasificación que establece la ley, llevando a trabajar en el marco de la informalidad al 96% de los empleadores, que son Mipymes registrados en la Seguridad Social.
“Los microempresarios son personas que fueron liquidadas de algún empleo o asalariados a los que el sueldo no les alcanza para cumplir con los compromisos económicos. Esos individuos son los que están instalando pequeños negocios para sobrevivir”, ponderó Ramón Porfirio.
Identifica como parte de ese renglón los colmados, cafeterías, peluquerías y pequeños talleres, así como otros negocios que llegan a facturar hasta ocho millones de pesos al año y que están siendo excluidos de la clasificación. Por esta razón, los empresarios abogan por crear un salario mínimo para estos negocios.
A su vez, Ramón Porfirio Báez, lamentó que aun los criterios para medición y estadísticas no son adoptados por diversas entidades de regulación, lo que dificulta el proceso de la formalidad.
Citó como ejemplos a la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (Sisalril) que mide esas empresas de uno a diez empleados; la Oficina Nacional de Estadística (ONE) y el Banco Central (BC), las cuales no están utilizando correctamente las clasificaciones.
Báez piensa que la no inclusión podría deberse a que “como todos los parámetros que utilizaban eran distintos, probablemente no han hecho el cambio”, pero donde más impacta esta desclasificación es en el salario mínimo, expresó.
Formalización
Los empresarios coinciden en que la entrada a la seguridad social y al empleo formal es la vía de formalizar a las empresas. Existen 1.5 millones de Mipymes, de las cuales hay 20,000 entre pequeñas y medianas, lo que indica que 1,480,000 son microempresas.
El triunfo de las Mipymes sería que el Ministerio de Trabajo y el Comité Nacional de Salarios defina las nuevas categorías a través de una resolución.
Los representantes de la FAI ponderaron que luego de una clasificación “justa”, acudirán a la mesa del diálogo a plantear y discutir los salarios de las microempresas que “nunca han estado en el rango que contempla el Ministerio”.
