La informalidad empresarial constituye una de las principales barreras para el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) lideradas por jóvenes de entre 18 y 39 años en República Dominicana. De las más de 404,034 mipymes existentes, el 32.7% está liderado por jóvenes. Sin embargo, de ese porcentaje, el 65% opera desde la informalidad, concentrándose principalmente en microempresas y actividades económicas de baja productividad.
Así lo destaca el reciente informe de la Asociación Nacional de Jóvenes Empresarios (Anje), sustentado en datos de la Encuesta Nacional de Mipymes 2022-2024 del Banco Central, al identificar brechas educativas, financieras, regulatorias y territoriales que limitan la capacidad de crecimiento y sostenibilidad de estos emprendimientos.
El informe detalla que la informalidad es un fenómeno estructural que afecta al ecosistema emprendedor dominicano. Diversos estudios han destacado la incidencia de este problema en el entorno de las mipymes, que representan el 98% del tejido empresarial, evidenciando que “uno de los principales obstáculos es la alta tasa de informalidad, que asciende al 85.2 %”, a pesar de que estas contribuyen con el 32% del PIB y generan el 61.6% del empleo nacional.
“Esto significa que existen dificultades relevantes que restringen y desincentivan el emprendimiento juvenil formal en el país, lo que se traduce en condiciones de vulnerabilidad e inestabilidad laboral, menor acceso a financiamiento y oportunidades de escalamiento, así como bajos niveles de productividad y competitividad”, indica el documento.
Ante esta realidad y la meta del Gobierno de duplicar el producto interno bruto (PIB) real para 2036, Anje propone la creación de una Certificación Mipyme Joven como instrumento de política pública orientado a facilitar la transición progresiva hacia la formalidad, fortalecer el ecosistema emprendedor y promover una mayor productividad e inclusión económica.
Detalla que el objetivo es facilitar progresivamente el tránsito hacia la formalidad mediante el otorgamiento, prima facie, de un conjunto de incentivos en materia de contratación pública y formación y, como segunda fase de la política, la incorporación de cambios legislativos que permitan un tratamiento tributario, laboral, administrativo y de seguridad social diferenciado para este segmento.
Asimismo, cita que la recién promulgada Ley núm. 30-26 de medidas procrecimiento económico, simplificación fiscal y mitigación de la crisis internacional ha avanzado parte de las medidas propuestas en el marco de esta certificación, como la eliminación de los anticipos fiscales. Sin embargo, dicho tratamiento sólo ha beneficiado a las microempresas.
Precisa que la certificación, para responder a criterios de factibilidad, debería vincularse a beneficios verificables y temporales, sujetos a permanencia, cumplimiento progresivo y mejoras en las capacidades empresariales.
Explica que esto permitiría que la formalización no sea percibida únicamente como una carga inicial, sino como una ruta hacia el acceso al financiamiento, la asistencia técnica, los mercados formales, la expansión regional y la protección social.
“El interés de Anje no es perpetuar una dependencia de beneficios, sino crear una ruta de transición que permita potenciar la productividad de las mipymes jóvenes y mejorar su clasificación empresarial”, aclara.
Subraya que reducir la informalidad empresarial juvenil no es únicamente una agenda de cumplimiento regulatorio, sino una política de productividad, movilidad social y desarrollo territorial.
“Formalizar a las mipymes jóvenes implica crear condiciones para que el talento emprendedor dominicano deje de operar desde la subsistencia y pueda convertirse en una fuente de innovación, trabajo decente, crecimiento económico y sostenibilidad fiscal”, puntualiza.
